PENAS
El Gobierno ha presentado un proyecto de ley ante el Congreso con el objetivo de endurecer las penas por incendios intencionales y otros hechos que generen estragos. La iniciativa, que ingresó oficialmente este miércoles, busca modificar los artículos 186 y 189 del Código Penal para elevar la condena mínima de 3 a 4 años, lo que haría que estos delitos dejen de ser excarcelables.
El documento fue recibido por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto con una carta firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona. La iniciativa fue anunciada previamente por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el marco de su visita a El Bolsón, una de las zonas afectadas por incendios.
Según el texto del proyecto, la normativa vigente no ha tenido un impacto preventivo significativo. "En los últimos tiempos, la imprudencia ha sido un factor determinante en la generación de incendios y otros desastres. Por ello, resulta necesario endurecer las penas para desalentar estas conductas y garantizar una mayor responsabilidad", se argumenta en el documento.
Modificaciones propuestas
El proyecto amplía los delitos considerados dentro del artículo 186 del Código Penal. Además de los incendios, explosiones e inundaciones, se incluirán nuevos supuestos como derrumbes, liberación de sustancias tóxicas, emisiones de radiación y cualquier otro proceso que pueda provocar estragos de gran magnitud.
En cuanto a las penas, se propone elevar la condena mínima de 3 a 4 años, lo que impediría la excarcelación de los acusados. Además, las penas máximas aumentarían de la siguiente manera:
Hasta 15 años cuando el incendio o siniestro afecte bosques, parques nacionales o sitios arqueológicos.
Hasta 25 años en caso de que el hecho provoque la muerte de una o más personas.
Para los delitos cometidos de manera culposa (por negligencia o imprudencia), la escala de penas también se incrementará. Actualmente, van de 1 mes a 1 año de prisión, pero el proyecto propone elevarlas a un mínimo de 4 años y un máximo de 6. Si se pone en peligro la vida de una persona, la pena podría llegar a 8 años, y en caso de muerte o lesiones gravísimas, hasta 10 años de prisión.
Contexto y próximos pasos
El Gobierno ha solicitado un "pronto tratamiento y sanción" del proyecto, aunque es probable que no se debata durante el actual período de sesiones extraordinarias. La iniciativa llega en un contexto de incendios activos que afectan la Patagonia y la provincia de Corrientes, donde ya se han consumido más de 37.000 hectáreas.
Con esta medida, el Ejecutivo busca generar un marco legal más severo que desaliente los incendios intencionales y otros hechos de destrucción masiva, promoviendo sanciones más estrictas y efectivas.
