PREOCUPACIÓN
El Gobierno nacional analiza avanzar con la eliminación del régimen de zona fría en las facturas de gas, bajo el argumento de un supuesto “ahorro fiscal” de más de 300 millones de dólares anuales. Sin embargo, expertos aseguran que el subsidio no representa un gasto para el Estado, ya que se financia a través de un fondo aportado solidariamente por todos los usuarios del país.
La medida impactaría directamente en millones de hogares que verían aumentadas sus boletas, especialmente en regiones con climas fríos.
¿Qué es la zona fría?
Este régimen, creado por la Ley 25.565 y ampliado por la Ley 27.637, establece descuentos de entre el 30% y el 50% en la factura de gas para usuarios residenciales de zonas con temperaturas bajas. Su financiamiento proviene del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, que se alimenta con un recargo del 7,5% en el precio del gas aplicado a todos los consumidores del país.
Por lo tanto, no se trata de un subsidio estatal, sino de un mecanismo solidario entre usuarios. Incluso, el fideicomiso tiene actualmente superávit.
¿Quiénes se verían afectados?
Los principales afectados serían los usuarios de zonas frías del país, que debido a las bajas temperaturas consumen más gas para calefacción. Al tener mayor consumo, son clasificados automáticamente en categorías más caras del sistema tarifario (R3.1 a R3.4). Sin el beneficio de Zona Fría, esas tarifas se volverían inaccesibles para miles de familias.
¿Quiénes se benefician con la eliminación?
Eliminar este régimen no representa un ahorro fiscal real, pero sí beneficia a las empresas distribuidoras y transportistas de gas, que podrían volver a cobrar tarifas más altas. También se vería beneficiado el propio Estado, ya que entre el 35% y el 40% de la factura de gas corresponde a impuestos nacionales, provinciales y municipales.
Cuanto más alta sea la factura, mayor será la recaudación impositiva, sin necesidad de modificar leyes tributarias.
