NUEVAS MEDIDAS
El Gobierno Nacional dispuso una serie de modificaciones clave en el sistema de compraventa de armas. A través de la Resolución 49/2025, publicada en el Boletín Oficial, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) eliminó varias exigencias administrativas con el objetivo de flexibilizar los requisitos para comerciantes, fábricas y talleres de armas y municiones.
Entre los cambios más relevantes, se destaca la eliminación de la obligatoriedad de contar con habilitación municipal y/o rehabilitación, así como también de la inscripción o reinscripción de instalaciones comerciales e industriales ante la ANMAC. De este modo, el Gobierno busca facilitar el ingreso y permanencia en el rubro a diversos actores vinculados con el mercado legal de armas.
La medida beneficia directamente a varios sectores. En particular, alcanza a:
Pequeños comerciantes de armas
Distribuidores mayoristas y minoristas
Talleres de reparación de armas
Fábricas de armas artesanales, con una producción anual menor a 1.200 unidades
Fábricas de municiones, repuestos principales y componentes
Talleres de recarga y armado de materiales de uso especial
Plantas de destrucción de materiales especiales
Depósitos de armas y/o municiones
Además, la resolución contempla a los usuarios entidades de tiro con instalaciones propias, quienes tampoco requerirán de las habilitaciones municipales ni de las inscripciones que antes solicitaba la Agencia Nacional de Materiales Controlados.
En el artículo 1° de la normativa, también se suman al alcance de esta flexibilización a las fábricas de materiales de usos especiales y a los talleres de reparación y armado de materiales para vehículos blindados.
Pese a esta desregulación de requisitos, la medida aclara que todos los establecimientos alcanzados deberán cumplir con los requisitos y condiciones de seguridad para la guarda y almacenamiento de materiales controlados, tal como establece la normativa vigente.
El texto también subraya que no contar con la habilitación de ANMAC no exime a los comerciantes del cumplimiento de las normativas nacionales, provinciales o municipales que regulen su actividad.
Esta decisión del Gobierno argentino se enmarca en una política de simplificación administrativa y desburocratización para sectores productivos, aunque genera debate en torno a los posibles impactos en materia de seguridad y control de armas.
