DESREGULACIÓN
El Gobierno nacional oficializó este viernes una profunda desregulación en los requisitos administrativos para comerciantes, fabricantes y talleres vinculados a la industria legal de armas y municiones. La medida fue formalizada a través de la Resolución 49/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el director de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), Juan Pablo Allan.
Se trata de una decisión alineada con el plan de simplificación estatal impulsado por la administración de Javier Milei, que busca reducir la carga burocrática sobre sectores regulados, entre ellos el mercado legal de armas.
Además, se realizaron cambios en el proceso de incautación y destino final del armamento. Una vez que haya una sentencia firme, la ANMaC tendrá la facultad de decidir si destruye las armas o las asigna a usos vinculados al interés público, siempre bajo la condición de que solo puedan ser utilizadas por fuerzas de seguridad.
Qué usuarios se ven beneficiados
Con la nueva normativa, se elimina la exigencia de contar con habilitaciones municipales específicas o inscripciones puntuales ante la ANMAC para una amplia gama de actores del sector:
- Distribuidores mayoristas y minoristas de armas y municiones
- Talleres de reparación de armas
- Fábricas artesanales de armas de fuego (hasta 1.200 unidades por año)
- Fábricas de municiones y componentes
- Depósitos habilitados de armas y municiones
- Entidades de tiro con instalaciones propias
- Talleres de recarga de municiones
- Plantas de destrucción de materiales especiales, como los utilizados en vehículos blindados
Menos trámites, pero con controles vigentes
Según lo expresado en el texto oficial, la ANMAC justifica la medida con el argumento de que existen más de 2.000 municipios en Argentina, muchos de ellos con normativas propias, lo que genera una “alta dispersión regulatoria” que complica el funcionamiento del mercado legal.
No obstante, se aclara que la desregulación no implica una liberalización absoluta. Los usuarios alcanzados seguirán obligados a cumplir con las normativas nacionales, provinciales o municipales que rijan su actividad, así como con las condiciones de seguridad establecidas para la guarda y almacenamiento de materiales controlados.
“Contar o no con la habilitación de ANMAC no exime a los comerciantes del cumplimiento de las normativas vigentes”, destaca el texto de la resolución.
