TRÁMITES
El Gobierno nacional oficializó un nuevo mecanismo para facilitar la devolución de pagos a cuenta del extinto Impuesto PAIS realizados por importadores en operaciones que finalmente no fueron computadas total o parcialmente. La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial, a través de la Resolución General 5720/2025, y establece un régimen especial a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La norma crea un “Registro de Despachos de Importación”, donde los operadores podrán inscribir sus solicitudes de devolución. Para ello, deberán presentar una declaración jurada mediante el sistema de ARCA. El procedimiento es optativo y forma parte de un trabajo conjunto entre ARCA y la Subsecretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía, que detectaron múltiples pagos no utilizados por las restricciones y cambios normativos vigentes durante el período de aplicación del tributo.
Qué operaciones quedaron fuera del cómputo
Según detalla la resolución, muchos pagos realizados bajo el Impuesto PAIS quedaron sin efecto debido a:
La suspensión de cargas establecida por el Decreto 433/2023
La exclusión de Zonas Francas, dictada por el Decreto 14/2024
La reducción de alícuotas introducida por el Decreto 777/2024
Ante esta situación, el Gobierno habilitó el reintegro de los saldos no aplicados bajo condiciones claras y plazos establecidos.
Cómo se devolverán los fondos
El esquema de pagos se realizará en función del monto total a devolver:
Hasta $4 millones: en una sola cuota
Hasta $10 millones: en 6 cuotas
Hasta $100 millones: en 12 cuotas
Más de $100 millones: en 24 cuotas
Los pagos comenzarán a acreditarse a partir del 8 de septiembre de 2025.
Condición clave: renunciar a reclamos judiciales
Para acceder al beneficio, los importadores deberán desistir expresamente de cualquier acción judicial o administrativa en curso relacionada con estos pagos. La medida busca así cerrar conflictos abiertos y ordenar el régimen tributario post-Impuesto PAIS, que fue eliminado tras la reforma fiscal impulsada por el gobierno de Javier Milei.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo intenta descomprimir tensiones en el comercio exterior, brindando una vía de compensación para aquellos operadores que quedaron atrapados en los vaivenes normativos de los últimos años.
