IRREGULARIDADES
El Gobierno provincial decidió avanzar con una acción judicial contra una comisario inspector retirada, luego de detectar inconsistencias en su salario vinculadas a un adicional por título profesional que percibía desde 2021.
De acuerdo con la investigación interna, el beneficio fue otorgado mediante un acto administrativo que presentaba irregularidades en su origen, ya que se habría concedido sin respetar los límites legales. Esto generó un impacto negativo en las cuentas públicas, al habilitar pagos que no correspondían.
Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia explicaron que, al tratarse de una resolución ya consolidada en el tiempo, el Ejecutivo no puede anularla por sí mismo. Por eso, se optó por acudir a la Justicia para que determine su invalidez.
En paralelo, el propio ministerio calificó el otorgamiento del adicional como ilegítimo, al comprobar que la exefectiva no reunía las condiciones exigidas por la normativa policial para acceder a ese tipo de suplemento.
El decreto también establece que la Asesoría de Gobierno deberá llevar adelante la representación legal de la Provincia y avanzar en el recupero de los fondos pagados de manera indebida, siempre que no estén alcanzados por los plazos de prescripción.
Este caso se inscribe en un proceso más amplio de revisión dentro de la fuerza, orientado a detectar pagos incorrectos o beneficios mal otorgados. La resolución judicial será clave para definir responsabilidades y reforzar los controles sobre el uso de recursos públicos.
