El gobierno de Milei prohibió nuevas contrataciones en el empleo público
El Gobierno Nacional, en línea con las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, publicó los decretos 1148/2024 y 1149/2024 en el Boletín Oficial. Estas normativas imponen estrictas reglas para las contrataciones en el Sector Público Nacional, con el objetivo de "optimizar" la estructura estatal y reducir el gasto público.
Una contratación por cada tres bajas: el eje del decreto 1148/2024
El Decreto 1148/2024 establece una prohibición general para realizar nuevas contrataciones en el empleo público nacional, incluyendo planta transitoria y servicios profesionales contratados bajo régimen autónomo.
Según lo estipulado, la norma aplica una estricta regla de "un alta por cada tres bajas" para incorporar nuevo personal. El artículo 5 del decreto especifica:
“La cobertura de vacantes solo podrá realizarse bajo el criterio de un (1) alta por cada tres (3) bajas, sin excepciones fuera de las previstas en este decreto”.
Excepciones y controles adicionales
Aunque la regla general es estricta, se contemplan excepciones para sectores estratégicos como Ciencia y Tecnología, Salud y Servicio Exterior. Además, cualquier solicitud de contratación deberá ser aprobada por la Subsecretaría de Modernización y Desarrollo del Empleo Público, aumentando los controles sobre la estructura estatal.
En palabras de Federico Sturzenegger, "la motosierra continúa", refiriéndose a la profundización de estas medidas en el marco de la emergencia económica.
Evaluaciones obligatorias: lo que establece el decreto 1149/2024
El Decreto 1149/2024 introduce un nuevo requisito para acceder a un puesto en el sector público: la Evaluación General de Conocimientos y Competencias. Según el artículo 3, esta prueba será obligatoria para todos los aspirantes.
El artículo 6 establece plazos claros:
- Hasta el 31 de marzo de 2025, los aspirantes que no hayan aprobado la evaluación podrán ser contratados de forma transitoria.
- A partir del 1 de abril de 2025, será un requisito excluyente aprobar la evaluación.
Asimismo, los nuevos contratos no podrán exceder el 30 de junio de 2025, marcando una temporalidad que obliga a una revisión constante de las estructuras de empleo público.
Impacto en empresas estatales y más controles
El Gobierno también instó a las empresas estatales a replicar estas medidas, extendiendo las políticas de ajuste y eficiencia más allá de la administración pública tradicional.
Estas reformas, según el oficialismo, buscan alinear la estructura estatal a las necesidades del Sector Público Nacional, pero han generado debate sobre su impacto en el empleo público y la calidad del servicio estatal.
Con estas normativas, el Gobierno refuerza su postura hacia un Estado más eficiente y menos costoso, en un contexto de urgencia económica y reestructuración profunda.