CRISIS POR EL AJUSTE
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) atraviesa una crisis operativa por la falta de presupuesto para cubrir gastos cotidianos y desarrollar investigaciones. La situación se generó tras la pérdida de su autarquía, lo que obligó a que todos los pagos dependan del Ministerio de Economía.
En Mendoza, varias unidades del organismo están paralizadas: no pueden financiar asistencias técnicas, cubrir servicios básicos ni comprar insumos para laboratorio y campo. Incluso la provisión de combustibles quedó suspendida. En muchos casos, los gastos se afrontan con los últimos recursos disponibles de Intea y la Fundación ArgenINTA.
Mientras fue autárquico, el INTA contaba con fondos rotativos que le permitían pagar proveedores menores y servicios sin trámites extensos. Hoy, esa autonomía se perdió y cada gestión depende de la Nación, lo que demora las operaciones y limita la investigación agropecuaria.
La situación se enmarca en el decreto 462/2025, que eliminó la autarquía de organismos como el INTA y el INV, poniéndolos bajo la órbita del Ministerio de Economía. Aunque el Congreso rechazó esa medida, el Gobierno avanzó con recortes y pases a disponibilidad de personal. La Justicia intervino y ordenó frenar la resolución, aplicando sanciones económicas en caso de incumplimiento.
El organismo, clave para la innovación tecnológica y el desarrollo agroindustrial, enfrenta así una incertidumbre institucional y presupuestaria que compromete su funcionamiento en todo el país.
