El juez federal Guido Otranto ordenó a la comunidad mapuche Lof Pailako desalojar el territorio que ocupa dentro del Parque Nacional Los Alerces antes del 9 de enero, bajo amenaza de ser removida por la fuerza pública. Esta medida ha desatado el rechazo de organizaciones indígenas y defensores de los derechos humanos, que denuncian una escalada de violencia y racismo contra los pueblos originarios.
El desalojo ocurre en el marco del decreto firmado por el presidente Javier Milei el pasado 10 de diciembre, que puso fin a la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras indígenas, vigente desde 2006. Para los integrantes de la Lof Pailako, el fallo ignora sus derechos ancestrales sobre un territorio que sus familias han habitado por cinco generaciones, mucho antes de la creación del parque. Desde 2020, la comunidad se estableció allí para recuperar su forma de vida, proteger el bosque nativo y enseñar la cosmovisión mapuche-tehuelche.

El avance judicial fue acompañado por un comunicado de repudio emitido por organizaciones indígenas, que denunciaron que el área está bajo presión de intereses inmobiliarios, mineros y forestales. "La Lof Pailako es vista como un obstáculo para el extractivismo capitalista", señalaron, y pidieron solidaridad nacional e internacional para frenar el desalojo.
En noviembre, Otranto había suspendido el proceso argumentando que los plazos procesales no se habían cumplido, pero la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó esa decisión tras el decreto presidencial. Este jueves, personal de Parques Nacionales y la policía notificaron el desalojo, otorgando cinco días hábiles para la salida.
"Esta medida es parte de una escalada racista contra las comunidades indígenas", advirtió el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), destacando que el desalojo ignora las obligaciones internacionales de Argentina en materia de derechos de los pueblos originarios.
La Lof Pailako resiste en un escenario cada vez más adverso, mientras se multiplican los llamados al diálogo y la defensa de los territorios ancestrales frente a políticas que priorizan otros intereses.



