POLÉMICA DECISIÓN
El juez de Ejecución Penal Sebastián Sarmiento decidió este lunes apartarse del trámite del hábeas corpus que había suspendido la quita de celulares en las cárceles Boulogne Sur Mer y San Felipe. La resolución llega tras una semana de fuertes cuestionamientos por parte del gobierno de Alfredo Cornejo, que incluso barajó la posibilidad de iniciarle un jury de enjuiciamiento.
Sarmiento había hecho lugar a un recurso presentado por organismos de Derechos Humanos y representantes de los presos, en el que se denunciaba que no se estaban cumpliendo los estándares mínimos para garantizar el derecho a la comunicación. Entre otras cosas, se reclamaba la instalación de una terminal telefónica por cada 200 detenidos, condición que no se estaría respetando en el proceso de retiro de celulares.
La decisión judicial encendió una fuerte polémica. Desde el Ejecutivo provincial no solo criticaron abiertamente el fallo, sino que lo calificaron de un retroceso en materia de seguridad. La tensión escaló rápidamente al plano político y mediático.
Frente a este escenario, Sarmiento optó por inhibirse de seguir interviniendo en la causa. En un escrito, argumentó que “la repercusión y el tenor” que tomó el caso podrían afectar “la percepción de imparcialidad” de su función. Y agregó que “es necesario preservar la serenidad del proceso judicial” para garantizar condiciones objetivas en el ejercicio de la magistratura.
El juez también defendió sus resoluciones anteriores, asegurando que siempre actuó en línea con la Constitución, los tratados internacionales y las Reglas Mandela de Naciones Unidas. Sin embargo, citó el artículo 72 del Código Procesal Penal de Mendoza, que obliga a los jueces a apartarse cuando existan circunstancias que puedan afectar su imparcialidad.
“La situación institucional actual podría razonablemente comprometer esa percepción”, concluyó el magistrado.
