CONGRESO
El oficialismo intensifica las negociaciones en el Congreso para destrabar el tratamiento de la Ley de Propiedad Privada, un proyecto que genera tensiones con bloques aliados y dialoguistas por varios puntos sensibles.
La estrategia del Gobierno apunta a reunir los apoyos necesarios para avanzar primero con el dictamen en comisión y luego llevar la iniciativa al recinto. Para eso, mantiene conversaciones con sectores de la UCR, el PRO y fuerzas provinciales, donde aún persisten diferencias.
Uno de los ejes más controvertidos es la eliminación de los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros. La propuesta oficial modifica la normativa vigente y plantea un esquema más flexible, en el que solo se requeriría autorización en casos vinculados a Estados extranjeros o entidades relacionadas. Sin embargo, desde distintos espacios advierten sobre los riesgos de habilitar adquisiciones sin restricciones claras, especialmente en zonas consideradas estratégicas.
Otro foco de discusión está en los cambios vinculados a los barrios populares. El proyecto propone modificar el régimen actual de regularización dominial, limitando las expropiaciones y eliminando la suspensión de desalojos que regía por un período prolongado. Además, reduce el rol del Estado nacional en la implementación de estas políticas, trasladando mayores responsabilidades a provincias y a la Ciudad de Buenos Aires.
Desde sectores dialoguistas señalan que estas modificaciones podrían dificultar la continuidad de los procesos de regularización y abrir la puerta a un aumento de desalojos, al tiempo que cuestionan la reducción de obras destinadas a organizaciones comunitarias.
El Gobierno, por su parte, sostiene que el esquema vigente no logró resultados significativos en términos de acceso a la propiedad y que es necesario reformularlo para mejorar su eficacia.
El proyecto también introduce cambios en los procedimientos de desalojo, acortando los plazos y simplificando los requisitos, lo que genera preocupación en parte de la oposición por el posible impacto social de estas medidas.
A su vez, se incluyen modificaciones a la normativa sobre manejo del fuego, eliminando restricciones que impedían la venta o el cambio de uso de tierras afectadas por incendios durante largos períodos. Desde el oficialismo argumentan que esas limitaciones resultaban excesivas y afectaban el derecho de propiedad.
En este contexto, las negociaciones continúan abiertas y el avance del proyecto dependerá de la capacidad del oficialismo para acercar posiciones y sumar consensos en un escenario legislativo fragmentado.
