NUEVO AJUSTE
El Gobierno nacional presentó el proyecto de ley del Presupuesto 2026, que plantea la eliminación del mecanismo de movilidad automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del resto de las asignaciones familiares. Según el artículo 70 del dictamen de mayoría, se propone derogar los artículos 1, 3 y 4 de la Ley 27.160, que regulan el ajuste automático de estas prestaciones según la inflación.
Con la medida, los incrementos dejarán de estar vinculados a la movilidad previsional y dependerán de decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo, lo que implica que los montos ya no contarían con una protección automática frente al aumento de precios. La modificación alcanza a un amplio conjunto de prestaciones: asignaciones por hijo, por hijo con discapacidad, prenatal, ayuda escolar anual, nacimiento, adopción, matrimonio, AUH y asignación por embarazo para protección social, entre otras, contempladas en la Ley 24.714 y percibidas tanto por trabajadores registrados como no registrados.
Se estima que la medida afectará de forma directa a más de 8 millones de niños, niñas y adolescentes, considerando que la AUH actualmente alcanza a 4.113.370 titulares y la asignación por hijo a 4.107.320 personas. Esto deja a la mayoría de los subsidios destinados a la niñez sin un sistema de actualización automática.
La iniciativa responde, en parte, a una exigencia del FMI, orientada a desvincular partidas sociales de los índices de inflación para permitir su eventual reducción en términos reales. La Ley 27.160, que regula el régimen de asignaciones familiares, sería modificada con la derogación de disposiciones centrales que actualmente garantizan la actualización automática de los montos.
Actualmente, el artículo 1 de esa norma establece la movilidad de las asignaciones familiares, definiendo que los montos se ajusten de acuerdo con el índice previsto en la Ley 24.241 y prohibiendo expresamente cualquier reducción de las prestaciones. El artículo 2 contempla un adicional del 30% para beneficiarios residentes en provincias de la zona austral, mientras que el artículo 3 asigna a la ANSES la responsabilidad del cálculo de la movilidad.
Esta propuesta genera preocupación entre organizaciones sociales y especialistas, que advierten sobre el impacto en la protección de la infancia y la pérdida de previsibilidad en los ingresos de millones de familias.
