Nuevamente este año, la ciudadanía italiana para descendientes nacidos en el exterior se encuentra en riesgo. El Senado de Italia aprobó por mayoría el decreto-ley 36, impulsado por el gobierno de Giorgia Meloni, que impone nuevas restricciones al reconocimiento ciudadano por lazos sanguíneos. Con 81 votos a favor y solo 37 en contra, la medida excluye el derecho automático a la ciudadanía para quienes posean otra nacionalidad y hayan nacido fuera del país, y restringe la transmisión del ius sanguinis únicamente hasta padres o abuelos.
El trámite aún más limitado y selectivo
La nueva normativa establece que los hijos o nietos mayores de edad podrán tramitar la ciudadanía solo si su ascendiente tenía exclusivamente ciudadanía italiana al momento de su fallecimiento. “La ciudadanía debe ser un reconocimiento serio y consciente, que se confirma mediante el compromiso. Esta reforma no excluye, sino que responsabiliza. Propone criterios más selectivos y transparentes, capaces de fortalecer la integridad de nuestro sistema y prevenir abusos”, afirmó el ministro Antonio Tajani al defender la iniciativa.

Tiempos y condiciones para menores y turnos previos
En el caso de los menores, se estableció que quienes hayan nacido antes del 27 de marzo de 2025 a las 23.59 tienen plazo hasta el 31 de mayo de 2026 para ser inscriptos en el portal Fast It del consulado correspondiente. Para los nacidos luego de esa fecha, el plazo es de un año desde el nacimiento. Además, se aclaró que los turnos otorgados antes de la entrada en vigencia del decreto seguirán rigiéndose bajo las reglas anteriores.
El decreto entró en vigencia el 28 de marzo, pero aún debe ser aprobado en la Cámara de Diputados y luego promulgado por el presidente italiano. Sin embargo, se da por hecho que será ley, ya que el oficialismo tiene mayoría parlamentaria. “Es un momento de congoja para los descendientes de italianos en el exterior”, advirtió el diputado italo-argentino Franco Tirelli. El legislador también anticipó: “La ley se va a aplicar para los que al 27 de marzo de 2025, momento en el que se anunció el decreto, no hicieron la ciudadanía. Eso se va declarar inconstitucional por la corte”.
