TARIFAS
El equipaje de mano dejará de ser gratuito en varias aerolíneas, marcando un cambio importante para los pasajeros que buscaban viajar más liviano y evitar cargos por despacho en bodega. A partir de mayo de 2025, las compañías Volaris y Viva Aerobus implementarán una nueva política de equipaje, en la que se cobrará un cargo adicional por llevar maletas en cabina, incluso si se trata de un bolso pequeño.
Esta medida impacta directamente a quienes optaban por tarifas económicas, ya que deberán pagar una tarifa extra por el mismo espacio que hasta ahora se incluía en el precio del pasaje. Ambas empresas mexicanas, que operan en varios países de América Latina, incluyendo Argentina, indicaron que el servicio ya no estará incluido ni en vuelos domésticos ni internacionales.
La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) de México advirtió que los viajeros conservan el derecho a portar un bolso de mano, pero las compañías han comenzado a aplicar costos adicionales según el tipo de tarifa seleccionada. En este sentido, la tarifa “Zero” solo contempla un bolso en cabina con restricciones de tamaño y peso, y sin posibilidad de incluir valijas en bodega sin pago extra.
De acuerdo con la Ley de Navegación Aérea vigente, el equipaje de mano debería estar incluido en la tarifa del boleto. No obstante, muchas aerolíneas han ido modificando sus condiciones y adoptando modelos de bajo costo que excluyen este beneficio básico. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) establece que las dimensiones máximas del equipaje de mano deben ser de 55 cm x 35 cm x 30 cm, con un peso sugerido de hasta 8 kg.
Mientras tanto, en la Unión Europea, el Parlamento Europeo votó a favor de exigir que todas las aerolíneas permitan el transporte gratuito de equipaje de mano, pero la aplicación de esta norma aún depende del visto bueno del Consejo Europeo.
Estas restricciones marcan un giro en la experiencia del pasajero, especialmente para aquellos que priorizan el ahorro en vuelos y utilizan el equipaje de mano como única pieza. Con esta decisión, las compañías buscan optimizar ingresos, pero la medida también podría generar quejas y acciones legales si se considera que se vulneran derechos del consumidor.
