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AUTOS SIN PATENTES

Faltan patentes en todo el país y la oposición exige explicaciones al Gobierno

La diputada Marcela Campagnoli presentó un pedido de acceso a la información pública para conocer las causas detrás de la escasez de chapas para autos y motos. Desde el Ministerio de Justicia habían prometido normalizar la situación en mayo, pero los problemas persisten.

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La escasez de patentes vehiculares volvió a encender las alarmas. La diputada nacional por la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli, elevó este viernes un pedido formal de acceso a la información pública dirigido al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para exigir precisiones sobre la grave demora en la provisión de chapas para autos y motos en todo el país.

“El Estado no puede seguir fallando en cuestiones básicas que afectan la vida cotidiana de los argentinos. Es inadmisible que quienes hacen las cosas bien terminen perjudicados por la ineficiencia del Gobierno”, sostuvo la legisladora al presentar la solicitud, en el marco de la Ley 27.275, que garantiza el derecho ciudadano al acceso a la información pública.

mariano cuneo libarona
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Campagnoli pidió conocer los motivos concretos del faltante, el estado actual del proceso licitatorio, los plazos previstos para normalizar el servicio, la cantidad de dominios provisorios que siguen vigentes y detalles sobre la empresa adjudicataria Tönnjes Sudamericana S.A., responsable del suministro. También solicitó información sobre los proveedores anteriores y las razones por las que dejaron de operar.

El conflicto, que afecta a miles de compradores de vehículos en todo el país, se arrastra desde hace casi tres años y genera serias complicaciones. Muchos ciudadanos no pueden circular legalmente, pese a haber cumplido con todas sus obligaciones. A esto se suma el riesgo de sanciones y multas por parte de las autoridades viales.

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Desde el Ministerio de Justicia habían prometido normalizar la entrega de patentes en mayo, pero ese plazo ya venció y, según Campagnoli, no hubo avances concretos: “Queremos saber por qué no se cumplió con ese compromiso y qué medidas se están tomando para resolverlo”.

La diputada cerró con un reclamo claro: “El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la ley y facilitar la vida de quienes la respetan. No puede ser que una gestión ineficiente genere consecuencias negativas para los ciudadanos”.

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