INFORME
El sistema penal argentino sufre un deterioro sostenido, con una alarmante expansión del uso de comisarías para alojar personas detenidas. Según el Informe Anual 2024 del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), entre 2016 y 2023 la cantidad de detenidos en estas dependencias creció un 145%, muy por encima del 48,5% en cárceles tradicionales.
A fines de 2023, más de 13.000 personas permanecían en comisarías, alcaidías y subcomisarías, muchas veces durante meses o años, en espacios no aptos para la reclusión prolongada. En provincias como Tucumán, Santa Fe y Buenos Aires, la sobrepoblación supera el 180%, con calabozos sin baño, ventilación ni luz natural.
El informe también denuncia tratos crueles e inhumanos, como golpizas, aislamientos prolongados y requisas humillantes, además de condiciones sanitarias alarmantes. El CNPT reclama una revisión profunda de la política criminal, y propone alternativas a la prisión, como penas domiciliarias o resolución de conflictos sin encarcelamiento, especialmente en delitos leves.
