DEMANDA
La demanda presentada por Flavia Ochoa contra AstraZeneca y el Estado nacional incorpora una amplia documentación médica y administrativa con la que la mujer busca respaldar su reclamo por las secuelas que, según sostiene, sufrió tras recibir una dosis de la vacuna contra el Covid-19.
El expediente, al que accedió Agencia Noticias Argentinas, reúne historias clínicas, estudios neurológicos, certificados médicos, informes de rehabilitación, constancias de denuncias de Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVI), reportes elevados a la ANMAT y el dictamen de una Comisión Médica que determinó una incapacidad laboral del 75,60%.
La documentación incorporada a la causa
Según la presentación judicial, Ochoa recibió una dosis de la vacuna AstraZeneca el 4 de enero de 2022 en un centro de vacunación de Coronel Moldes, provincia de Córdoba.
La demanda sostiene que pocas horas después comenzaron fuertes dolores musculares y calambres y que, al día siguiente, presentó una pérdida progresiva de movilidad que motivó sucesivas consultas médicas y posteriormente su internación en un sanatorio privado de Río Cuarto.
Los estudios incorporados al expediente incluyen resonancias magnéticas, análisis de laboratorio y una punción lumbar. De acuerdo con los informes médicos presentados por la demandante, tras esas evaluaciones fue diagnosticada con síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia, iniciando tratamiento con gammaglobulina, corticoides y un programa intensivo de neurorehabilitación.
Entre la documentación también figura el Certificado Único de Discapacidad, junto con prescripciones para fisioterapia, kinesiología y otros tratamientos de rehabilitación.
Uno de los elementos centrales del expediente es el dictamen de la Comisión Médica de Río Cuarto, que determinó una incapacidad laboral del 75,60%, valoración que constituye uno de los fundamentos principales del reclamo indemnizatorio.
El debate judicial
La causa también incorpora la constancia de la denuncia de un ESAVI realizada en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA) y el correspondiente reporte remitido a la ANMAT.
Antes de acudir a la Justicia, Ochoa inició el procedimiento administrativo previsto por la Ley 27.573, que creó un mecanismo de reparación para personas que alegan haber sufrido daños derivados de la vacunación contra el Covid-19. Sin embargo, según surge de la demanda, ese trámite concluyó con un dictamen que indicó que no pudo establecerse un nexo causal entre la vacuna y el cuadro denunciado, conclusión que la actora cuestiona en sede judicial.
La cuestión central del proceso será determinar, a partir de la prueba aportada por ambas partes y de la evidencia que se produzca durante el juicio, si existe o no una relación causal entre la vacunación y las secuelas neurológicas alegadas por la demandante.
