JUSTICIA FEDERAL
El director del PAMI en Mendoza, David Litvinchuk, y el titular nacional de la obra social, Esteban Leguizamo, quedaron formalmente imputados este miércoles por el delito de desobediencia a un funcionario público, previsto en el artículo 239 del Código Penal.
La investigación se abrió a partir de una denuncia de la Asociación de Jubilados y Pensionados (Jubypen), representada por los abogados Marisa Uceda y Carlos Blanco, que reclamaron el incumplimiento de una medida cautelar dictada en diciembre por el juez federal Pablo Quirós. La resolución suspendía dos disposiciones del PAMI que recortaban la lista de medicamentos gratuitos.
La acusación y la defensa
En audiencia, la fiscal Alejandra Obregón formalizó la imputación y la jueza de garantías María Paula Marisi otorgó un plazo de 45 días para la presentación de pruebas. Rechazó, sin embargo, el pedido de prohibir la salida del país a los funcionarios.
Desde Jubypen celebraron la decisión judicial: “Quedó claro que tanto Litvinchuk como Leguizamo están en infracción y que esa decisión afecta directamente la salud de los jubilados”, señaló Uceda.
En su defensa, el abogado de Litvinchuk, Leonardo Pérez Videla, argumentó que el director local “sólo cumple órdenes nacionales” y que existe un planteo para que todas las causas vinculadas a PAMI se tramiten en Buenos Aires. Sin embargo, la Cámara Federal de Mendoza ya había ratificado la competencia del juez Quirós.
Lo que viene
La acusación penal corre en paralelo a la causa civil que busca restituir la gratuidad de los remedios. Si se confirma el delito de desobediencia, la pena prevista es de 15 días a un año de prisión.
En los próximos 45 días se realizará una audiencia de control de acusación, en la que se evaluarán las pruebas y se definirá si la causa pasa a juicio oral contra los funcionarios.
