600 ALOJADOS EN HOGARES
En la provincia, cerca de 600 niños, niñas y adolescentes que no cuentan con una red familiar o comunitaria de contención viven actualmente en alguno de los 45 hogares estatales distribuidos en los diferentes departamentos. Estas residencias representan la última instancia y una medida excepcional para garantizar sus derechos cuando no pueden permanecer con sus familias.
En términos generales, la Subsecretaría de Infancias, Adolescencias y Juventudes explicó que estos hogares reciben a menores que no tienen entornos alternativos seguros. El ingreso se realiza tras la evaluación de equipos interdisciplinarios y autorización judicial.
Siempre se prioriza la permanencia con redes familiares o comunitarias, ya que los hogares son la última opción. La responsabilidad comienza en el núcleo familiar, pero si esto falla, debe existir una red que acompañe y sostenga. Si tampoco está presente, interviene el Estado.
Desde 2005, con la ley 26.061, se instauró un nuevo paradigma legal de corresponsabilidad para la protección de niños y adolescentes, involucrando al Poder Ejecutivo y dejando atrás el modelo exclusivo del Poder Judicial.
En Mendoza, la ley provincial 9.139 adaptó esa normativa y definió el funcionamiento de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI), hoy distribuidos en los 18 departamentos. Estos equipos tienen la misión de detectar, intervenir y coordinar medidas para proteger derechos vulnerados.
Las escuelas son muchas veces el primer espacio de detección, gracias a la presencia de gabinetes con profesionales de salud mental. Si la vulneración persiste, se da aviso a los ETI.
Las situaciones más comunes que motivan la intervención son:
Negligencia (falta de cuidados intencionados)
Violencia física
Violencia sexual
Actualmente, más de 10.000 niñas, niños y adolescentes en Mendoza tienen legajos activos en los ETI, lo que refleja la dimensión del desafío provincial.
Además de los hogares, existen programas alternativos, como el de Familias de Acogimiento, que ofrecen un espacio temporal familiar para evitar institucionalizar a los menores. Estas familias voluntarias son evaluadas por el Estado.
