CRISIS
Las autoridades judiciales de Irán anunciaron que los manifestantes arrestados durante la ola de protestas iniciada a fines de diciembre enfrentarán juicios rápidos, en medio de una fuerte escalada represiva. La confirmación llegó en un contexto de creciente preocupación internacional por posibles condenas a muerte contra manifestantes.
Desde la televisión estatal, el titular del poder judicial defendió la aceleración de los procesos y justificó el accionar oficial con argumentos de seguridad. Organizaciones humanitarias, en cambio, advirtieron que la represión dejó cientos o miles de muertos, con cifras que varían según las fuentes independientes.
Uno de los casos que encendió las alarmas es el de Erfan Soltani, un joven manifestante condenado por el delito de “guerra contra Dios”, una figura legal que puede derivar en la pena capital. Amnistía Internacional exigió la suspensión inmediata de todas las ejecuciones vinculadas a las protestas.
Las protestas comenzaron por el deterioro económico y la caída del valor de la moneda, pero rápidamente se transformaron en un desafío directo al régimen. Los enfrentamientos se multiplicaron en varias ciudades, mientras el gobierno aplicó apagones de internet que dificultan la verificación independiente de víctimas y detenidos.
Desde el exterior, la presión diplomática se intensificó. Estados Unidos advirtió que responderá con firmeza ante una eventual ola de ejecuciones, mientras países europeos calificaron la situación como una de las represiones más violentas en la historia reciente del país. El escenario en Irán sigue marcado por la tensión, la incertidumbre y un conflicto que amenaza con profundizarse.
