El presidente Javier Milei vetó por decreto la ley 27.791, que había sido aprobada por el Congreso en julio y establecía una nueva fórmula de actualización para jubilaciones y pensiones. La decisión fue publicada este lunes en el Boletín Oficial, a través del Decreto 534/2025, con la firma del mandatario y todo el Gabinete.
La norma anulada también contemplaba la restitución de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad, medidas que ahora quedarán sujetas a discusión en la Comisión Bicameral.

¿Por qué el Gobierno vetó la ley?
Según el Ejecutivo, la ley implicaba un gasto adicional de más de $7 billones en 2025 y alrededor de $17 billones en 2026, lo que afectaría de manera directa al equilibrio fiscal. El texto oficial también señaló que la norma fue sancionada con “graves vicios reglamentarios” en el Senado y que su aplicación requeriría emisión monetaria, aumento de impuestos o endeudamiento.
El argumento central es que la sostenibilidad del sistema previsional debe mantenerse sin comprometer las cuentas públicas, una prioridad en el plan económico de ajuste del Gobierno.
¿Cómo se actualizan ahora las jubilaciones?
Con el veto, se mantiene vigente la fórmula de movilidad del Decreto 274/24, que ajusta los haberes mensuales en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Por lo tanto, en agosto las jubilaciones y pensiones aumentarán un 1,62%, correspondiente a la inflación registrada en mayo.
Jubilación mínima: $314.243,51
Bono previsional: se mantiene en $70.000 (no sube a $110.000, como contemplaba la ley vetada)
Total a cobrar (mínimo + bono): $384.305,37
Quienes perciban un haber menor a ese monto recibirán un bono proporcional hasta alcanzar los $384.305,37.
Otras prestaciones
PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $321.444,30
Pensión No Contributiva por Invalidez y por Vejez: $290.013,76
Próximos pasos
Pese al veto, la Cámara de Diputados retomará esta semana el debate. Desde algunos bloques opositores ya adelantaron que buscarán insistir con la sanción de la ley, aunque se requerirá mayoría especial para rechazar el decreto presidencial.
