En los últimos meses, abogados previsionalistas alertaron que la fórmula aplicada por ANSES para liquidar las jubilaciones presenta fallas en los cálculos, lo que habilitaría a una gran parte de los beneficiarios a iniciar juicios por reajuste de haberes. Según estimaciones del sector, ocho de cada diez jubilados estarían en condiciones de reclamar.
Entre las señales más frecuentes de un cobro incorrecto aparecen diferencias injustificadas en el monto mensual, haberes inferiores a los aportes realizados, falta de aplicación correcta de la movilidad, errores en la liquidación de aportes o no reconocimiento de períodos laborales válidos. También se detectan fechas de pago erróneas que generan pérdidas acumuladas.

Para avanzar con un reclamo, los especialistas recomiendan una evaluación previa con un abogado previsionalista, que permita comparar el haber actual con el promedio salarial histórico. Si el monto percibido resulta notoriamente inferior, se puede avanzar directamente con una demanda judicial, sin necesidad de agotar instancias administrativas. El trámite se inicia ante los juzgados de la Seguridad Social.
La documentación básica incluye DNI, recibos de haberes, constancia de CUIL y un poder legal para que el abogado represente al jubilado. En caso de obtener una sentencia firme, la ANSES dispone de 120 días hábiles para efectuar el pago. El proceso completo suele demorar entre tres y cuatro años.
En paralelo, se confirmó que la jubilación mínima se ubicará en $349.303,33 en enero de 2026, tras un aumento del 2,47% vinculado al IPC de noviembre. Con el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total alcanzará $419.303,33. El ajuste se aplica bajo el esquema de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024, que actualiza los haberes según la inflación registrada dos meses antes.



