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El proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional para desregular la actividad inmobiliaria generó un fuerte rechazo en Mendoza. La Cámara Inmobiliaria de Mendoza confirmó que analiza presentar una acción judicial si la iniciativa avanza en el Congreso, al considerar que la eliminación de la matrícula obligatoria dejaría desprotegidos a los consumidores.
El presidente de la entidad, Roberto Irrera, sostuvo que la propuesta no solo modifica el esquema de regulación profesional, sino que también debilita los controles sobre quienes intervienen en operaciones de compra, venta y alquiler de inmuebles.
La matrícula, eje del debate
El proyecto contempla modificaciones a la Ley 20.266, que regula la actividad de martilleros y corredores inmobiliarios. Entre los principales cambios, propone eliminar la exigencia de contar con matrícula profesional para ejercer, permitiendo que cualquier persona mayor de edad con estudios secundarios completos pueda desempeñarse como intermediario.
La iniciativa también habilita la participación de empresas, sociedades y plataformas digitales en el mercado inmobiliario y establece que las comisiones serán pactadas libremente entre las partes, sin aranceles mínimos ni valores de referencia.
Desde la Cámara Inmobiliaria remarcan que la discusión no pasa por defender una credencial profesional, sino por preservar mecanismos de control que garanticen la seguridad jurídica de las operaciones.
Advertencia por posibles fraudes inmobiliarios
Como argumento en contra de la desregulación, Irrera aseguró que en los últimos 15 días detectaron tres intentos de estafa inmobiliaria.
Uno de los casos involucró un supuesto boleto de compraventa fechado en 1994 para la venta de un terreno. Aunque el documento presentaba sellos bancarios que le otorgaban apariencia de autenticidad, la documentación correspondía a un loteo que aún no existía en ese momento.
Según explicó, la maniobra pudo ser detectada porque la potencial compradora decidió consultar con profesionales antes de avanzar con la operación. A partir de esa situación, recomendaron realizar la denuncia correspondiente y alertaron a las autoridades para evitar nuevas estafas.
Qué propone la reforma del Gobierno
El Ejecutivo nacional sostiene que la colegiación obligatoria representa una barrera para el ingreso de nuevos actores al mercado y que su eliminación favorecerá la competencia, ampliará la oferta de servicios y contribuirá a reducir los costos de las operaciones inmobiliarias.
Además, el proyecto plantea modificaciones al Código Civil y Comercial para reforzar el principio de libre competencia en la actividad y establecer que los honorarios de los intermediarios sean definidos únicamente por acuerdo entre las partes.
Posible presentación judicial
Desde la Cámara Inmobiliaria de Mendoza consideran que la reforma podría afectar la seguridad de las transacciones y anticiparon que, si el proyecto se convierte en ley y modifica el actual sistema de regulación profesional, evaluarán impulsar una presentación judicial.
La entidad también recordó que, al tratarse de normas vinculadas a la colegiación profesional, Mendoza deberá definir su adhesión para que los cambios tengan aplicación efectiva en la provincia.
