La Confederación General del Trabajo (CGT) se mantiene en una postura cauta frente a la tensión creciente con el Gobierno. A pesar del malestar por el techo del 1% mensual en las paritarias, las limitaciones al derecho a huelga y otras medidas que afectan al movimiento obrero, la central sindical descarta convocar a un paro general.
En su encuentro con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, los representantes de la CGT reforzaron su estrategia de diálogo, aunque anunciaron que judicializarán el decreto que restringe las protestas sindicales. No obstante, el mensaje predominante fue de moderación y análisis antes que confrontación.

La dirigencia sindical considera que la negociación colectiva debe continuar por rama de actividad, incluso si el Gobierno demora las homologaciones. En este contexto, muchas actividades enfrentarán dobles discusiones: una para cerrar acuerdos y otra para lograr que esos aumentos se hagan efectivos.
La CGT también respondió a los intentos de avanzar con una reforma laboral impulsada por sectores empresariales y avalada por el Gobierno. Si bien rechaza cualquier iniciativa que implique una pérdida de derechos, se mostró dispuesta a debatir una reformulación de las condiciones laborales, especialmente en aspectos como la reducción de la jornada laboral o la redistribución del trabajo, siempre que esto sea en beneficio de los trabajadores.

Desde el sector privado, referentes como AmCham promueven una legislación más “moderna y flexible”, propuesta que también recibe guiños del Ejecutivo. Sin embargo, la falta de consenso en el Congreso dificulta la aprobación de estos cambios.
Por ahora, la CGT prioriza el diálogo institucional y las estrategias legales, evitando la confrontación directa. Aunque mantiene su rechazo a medidas unilaterales, no avala un escenario de paro general, y continúa apostando por una reforma laboral que no implique ajuste ni pérdida de conquistas históricas.
