MEMORIA Y JUSTICIA
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un total de 1.907 sentencias en causas vinculadas a crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983), en el período comprendido entre 2004 y el 17 de marzo de 2026, según registros oficiales de distintas áreas del tribunal.
El máximo órgano judicial tuvo un rol central en la recuperación de la memoria, la verdad y la justicia, a partir de fallos considerados estructurales para el proceso judicial argentino. Entre ellos, se destaca la causa “Simón” del 14 de junio de 2005, que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de las leyes de Punto Final (23.492) y Obediencia Debida (23.521). Esta decisión habilitó la reanudación de los juicios por delitos de lesa humanidad, interrumpidos tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, del cual se cumplirán 50 años el próximo martes.
Previamente, en 2004, el fallo “Arancibia Clavel” estableció la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, consolidando un criterio clave en el derecho internacional incorporado al sistema local. Más tarde, en 2007, en la causa “Mazzeo”, la Corte declaró la inconstitucionalidad de los indultos otorgados a militares, reforzando la continuidad de los procesos judiciales.
De acuerdo con la Secretaría de Jurisprudencia, la Secretaría Penal y la Secretaría Penal Especial, el total de 1.907 fallos refleja una actividad sostenida del tribunal en este tipo de causas a lo largo de más de dos décadas.
En paralelo, datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad indican que, desde la reapertura de los juicios en 2006, se dictaron 361 sentencias, con 1.231 personas condenadas y 250 absueltas. Actualmente, existen 12 juicios en curso y 282 causas en etapa de investigación preliminar, lo que evidencia la continuidad del proceso judicial.
Durante 2025, la Corte Suprema realizó un homenaje a los jueces del Juicio a las Juntas de 1985, en la denominada “Causa 13”, que condenó a los principales responsables del terrorismo de Estado. En ese marco, el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, destacó la realización de un “auténtico juicio justo” en un contexto “complejo”; el vicepresidente Carlos Rosenkrantz lo definió como una respuesta “jurídicamente impecable a crímenes atroces”; y el juez Ricardo Lorenzetti sostuvo que la política de memoria y justicia constituye parte del contrato social de los argentinos.
