La Dirección General de Escuelas (DGE) avanzó con una serie de sanciones contra trabajadores no docentes de distintos establecimientos educativos de Mendoza. Las medidas incluyeron varias cesantías por faltas graves relacionadas con ausencias injustificadas y situaciones que, según los expedientes oficiales, afectaron el normal funcionamiento de las escuelas.
Uno de los casos ocurrió en una escuela artística de La Paz, donde un celador acumuló más de 200 inasistencias sin justificar durante varios años. La investigación administrativa concluyó que el trabajador incumplió de manera reiterada sus obligaciones laborales y nunca presentó descargos para defenderse dentro del sumario.
Otra trabajadora fue expulsada después de registrar ausencias constantes durante casi dos años en una escuela mendocina. Desde la DGE señalaron que las faltas excedieron ampliamente los límites permitidos y remarcaron que la agente tampoco se presentó a las instancias administrativas convocadas durante el proceso disciplinario.

Entre los expedientes también apareció un caso más delicado que combinó cientos de inasistencias con una denuncia por violencia de género y amenazas dentro del ámbito escolar. Según la resolución oficial, el trabajador acumuló numerosas faltas entre 2022 y 2024 y la situación derivó en intervenciones judiciales y de áreas especializadas en género.
Las autoridades educativas también sancionaron a otros celadores por abandono de tareas y diversas irregularidades dentro de los establecimientos, entre ellas problemas vinculados a la seguridad escolar y el incumplimiento de horarios laborales. Desde la DGE sostuvieron que las medidas apuntan a garantizar el correcto funcionamiento del sistema educativo y el cumplimiento de las responsabilidades del personal no docente.



