Pagos al exterior
Las empresas argentinas que operan con proveedores globales deberán auditar de forma urgente sus circuitos administrativos para evitar sobrecostos impositivos. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó una resolución en el Boletín Oficial que sustituye el procedimiento para invocar los convenios para evitar la doble imposición internacional. El nuevo esquema normativo reemplaza a un mecanismo que llevaba más de tres décadas vigente en el país.
Aunque la modificación posee un carácter netamente formal y no altera las alícuotas del Impuesto a las Ganancias, su impacto en la tesorería corporativa es inmediato. Si una firma local realiza un giro al extranjero y no cuenta con la nueva documentación respaldatoria en regla, perderá el derecho a los beneficios aduaneros y fiscales de los tratados y quedará sujeta al régimen general, lo que disparará el porcentaje de retención de forma automática.
Qué datos debe incluir la nueva declaración jurada
Para acceder a las alícuotas reducidas o exenciones que contemplan los acuerdos bilaterales, las empresas locales en su rol de agentes de retención deberán exigir a sus contrapartes extranjeras un modelo actualizado de declaración jurada.
Este documento, que debe completarse antes de procesar el pago transfronterizo, requiere la siguiente información obligatoria:
Identificación fiscal detallada y domicilio real del beneficiario del exterior.
Descripción minuciosa de la operación comercial o contrato vigente.
Tipificación exacta de la renta (servicios, regalías, asistencia técnica o financiamiento).
Encuadre técnico y legal específico dentro de las cláusulas del convenio aplicable.
Manifestación expresa del cumplimiento de todos los requisitos de elegibilidad del tratado.
Asimismo, la norma dictada por ARCA ratifica la obligación de respaldar esta declaración mediante un certificado de residencia fiscal emitido por la autoridad impositiva del país de origen. Un detalle clave introducido por la reglamentación es que, si dicho certificado no especifica una fecha de vencimiento, tendrá una validez estricta de doce meses a partir de su día de emisión.
Sectores en alerta: el riesgo de no actualizarse a tiempo
El nuevo ordenamiento administrativo afecta directamente a las empresas que contratan software, licencias o servicios profesionales fuera del país, así como a filiales de grupos multinacionales que realizan transferencias intragrupo y a estudios contables dedicados al asesoramiento tributario.
El mayor peligro corporativo radica en los tiempos de implementación, ya que el fisco otorgó una ventana de apenas 15 días para adecuar los sistemas de compras y tesorería. Las transacciones más expuestas a sufrir retenciones punitorias por fallas en el legajo digital son los pagos vinculados a la transferencia de tecnología, asistencia técnica, derechos de autor, patentes y giros por financiamiento internacional.
Durante las próximas dos semanas, los departamentos fiscales de las compañías deberán contactar a sus proveedores globales y renovar la totalidad de los formularios para evitar que la burocracia aduanera licúe la rentabilidad de sus operaciones transfronterizas.
