De acuerdo a lo informado en las últimas horas, el ministro de Defensa, Luis Petri, recibió una carta de la madre de Alejo Arias González, quien se encuentra detenido en El Salvador. La misiva, destinada al presidente de ese país, Nayib Bukele, tiene como objetivo abrir un canal de comunicación entre la familia y el joven oriundo de Rivadavia.
Alejo está acusado de formar parte de una banda colombiana que realizaba estafas. Había viajado con el objetivo de trabajar junto a sus primos en un pequeño país de ese país, pero fue detenido en julio del 2023. Desde entonces, sus padres intentaron de distintas formas ayudarlo, pero nada dio resultado.
En este marco, Petri se encontró con Sandra González, la madre del joven, en un vuelo hacia Buenos Aires, en el que el funcionario viajaba para reunirse con el Presidente Javier Milei y el resto del gabinete con el mandatario salvadoreño. Además, personal de la Cancillería recibió un escrito similar. Ahora, deberá esperar hasta diciembre para retomar las audiencias judiciales en el país centroamericano.
Sandra González indicó que viajó a Buenos Aires para reunirse con Cancillería: "Yo vine más que nada, para interiorizarme con Cancillería y la gente de El Salvador, personalmente, para conocerlos. Estuve también con la directora de Argentinos en el Exterior, que me explicó muy bien el tema. Todo va bien por el momento".

El doloroso caso de Alejo en El Salvador
Alejo se mudó a El Salvador en marzo del 2023 con una propuesta laboral de una financiera. Su objetivo era ir y reunir plata durante seis meses y volver. Con ese dinero iba a pagarse la carrera de Radiología.
Sin embargo, él nunca supo que la empresa que lo había contratado era ilegal. El pasado 14 de julio del mismo año fue detenido cuando la Policía lo interceptó en la puerta de su condominio. Lo acusaron de formar parte de una asociación ilícita de origen colombiana que se dedicaba al lavado de dinero y que era perseguida por el gobierno.
Capturaron a 110 sospechosos de esa supuesta banda. El único argentino es Alejo, quien está en el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas de Santa Ana, ubicado a 62 kilómetros de la capital. Allí, los internos no pueden recibir visitas familiares, excepto en el caso de las de carácter consular, debido al régimen de excepción que rige en El Salvador desde el 27 de marzo de 2022, instaurado por Bukele tras el homicidio de 87 personas.
Hasta el momento, no se inició el juicio en su contra y las audiencias están suspendidas hasta el próximo año, según confirmaron sus padres.


