La Justicia Federal de Mendoza puso un freno a la avanzada del Gobierno nacional sobre el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). El juez Pablo Quirós resolvió suspender la Resolución N°1240/25 firmada por el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, que habilitaba el pase a disponibilidad de 49 empleados del organismo.
La medida cautelar ordena al Ejecutivo abstenerse de ejecutar cesantías, reubicaciones de personal o la eliminación de estructuras internas, lo que implica un retroceso en la política de despidos masivos impulsada por la gestión de Javier Milei.
El fallo llegó tras la presentación de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que denunció la violación de derechos laborales y del estatuto del empleado público. Su delegado en el INV, Mariano Lucero, aseguró que la resolución judicial “devuelve algo de tranquilidad” aunque pidió una notificación formal para confirmar la suspensión de los pases a disponibilidad.

El trasfondo de la disputa
El conflicto se originó luego de que el Congreso vetara el decreto de reestructuración que buscaba recortar la autarquía de organismos como el INV y el INTA, lo que derivó en 380 despidos adicionales en este último. Pese al rechazo legislativo, el Ministerio de Economía continuó enviando notificaciones a los trabajadores, decisión que ahora quedó sin efecto.
Aunque se trata de una suspensión y no de una derogación definitiva, el fallo marca un límite judicial a la estrategia de ajuste estructural del Gobierno. El juez Quirós incluso aclaró que la discusión sobre la constitucionalidad de los Decretos de Necesidad y Urgencia relacionados con el organismo “se torna abstracta” tras esta resolución.
Qué viene ahora
El magistrado deberá resolver la cuestión de fondo: si los despidos a plazo con indemnización diferida hasta 2026 son inconstitucionales, como sostiene el gremio. Mientras tanto, los trabajadores del INV mantienen sus puestos y el clima interno sigue marcado por la reciente muerte de un empleado, que motivó el cierre del organismo por duelo.


