CASO INÉDITO
La Justicia Federal de Mendoza abrió una investigación penal inédita por la presunta sustracción de un bebé recién nacido en democracia. El hecho denunciado ocurrió en septiembre de 1986 en el Hospital Lagomaggiore, cuando F.S., madre del niño, fue informada de la supuesta muerte de su hijo, sin poder verlo ni despedirse. Décadas después, logró acceder a documentación que sostiene su sospecha de apropiación ilegal.
El caso fue impulsado por el fiscal Fernando Alcaraz, a cargo del Área de Transición de la Unidad Fiscal, y se enmarca en la figura del Juicio por la Verdad, un mecanismo legal que permite reconstruir los hechos aunque los delitos estén prescriptos o no se identifique a los responsables.
La denuncia fue presentada por el equipo legal del estudio Fallet Varela, con documentos que muestran contradicciones graves, como certificados con el mismo número de DNI en el nacimiento y fallecimiento del bebé, pero con horarios incompatibles. Incluso, figura como muerto antes de nacer.
Ya existen múltiples denuncias similares por hechos ocurridos entre los años 80 y 90, y podrían ser investigados con este mismo criterio, con el foco puesto en la reparación simbólica y el derecho a la memoria.
F.S., quien viene buscando a su hijo desde hace 38 años, aportó su muestra genética al Banco de Huellas Genéticas de Mendoza y logró visibilizar su historia con el apoyo del colectivo “Mendoza por la Verdad” y el Programa de Identidad Biológica.
La causa busca determinar si los hechos encuadran en delitos como sustracción y ocultamiento de menor, alteración del estado civil y falsedad documental, lo que podría derivar no solo en el avance del caso, sino también en la apertura de nuevas causas por hechos similares.
La ley 27.372, que ampara el proceso, garantiza el derecho de las víctimas a conocer la verdad, más allá del paso del tiempo y de que se logre o no una condena. Esta legislación se apoya en tratados internacionales sobre desaparición forzada y derechos humanos.
La decisión del fiscal fue celebrada por la denunciante y su equipo legal, que consideran que Mendoza podría estar frente a un caso histórico, al poner en el centro el derecho a la verdad, la reparación simbólica y la posibilidad de cerrar heridas abiertas desde hace décadas.
