JUICIOS A LOS MILITARES
A diez días de un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la Justicia Federal de Mendoza dio un paso histórico al procesar a 15 exintegrantes de fuerzas militares y de seguridad por delitos cometidos contra 56 niños, niñas y adolescentes durante el terrorismo de Estado.
La resolución fue firmada por el juez Leopoldo Rago Gallo, titular del Juzgado Federal N°1, a partir de un requerimiento del fiscal federal Dante Vega y los auxiliares fiscales Daniel Rodríguez Infante y Analía Quintar. Los procesados pertenecían al Departamento de Informaciones Policiales (D-2) —el principal centro clandestino de detención de la provincia— y a la IV Brigada Aérea.
La investigación documentó cinco patrones de violencia contra las infancias: menores retenidos tras el secuestro de sus padres; niños que presenciaron operativos violentos; bebés abandonados en la vía pública; violencia directa como amenazas con armas o interrogatorios; y delitos contra la identidad, como la apropiación y ocultamiento de menores.
Entre los casos más aberrantes se encuentra el de un bebé de siete meses abandonado en la puerta de sus abuelos con signos de maltrato, y un niño de diez meses utilizado como "cebo" durante un mes para capturar a su padre. También se registraron hermanos de 4 y 6 años con la boca tapada con cinta durante el secuestro de sus progenitores, y una niña enviada como "N/N" a la Casa Cuna pese a que su identidad era conocida.
El juzgado dispuso prisión preventiva para cuatro de los imputados: Armando Osvaldo Fernández Miranda, Omar Pedro Venturino Amaker, Juan Carlos Alberto Santamaría Blasón y Alberto Raganato Leo, además de embargos que oscilan entre 10 y 15 millones de pesos. El Ministerio Público Fiscal anticipó que apelará para que la medida se extienda a todos los acusados.
La mayoría de estos represores ya habían sido juzgados o condenados en otros procesos por los secuestros, torturas y asesinatos de los padres de las actuales víctimas. La causa marca un nuevo paradigma en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, equiparable a lo ocurrido con las investigaciones sobre delitos sexuales durante la dictadura.
