FALLO FAVORABLE
La Justicia Federal dispuso que el Certificado de Ingreso de Uva (CIU) vuelva a ser obligatorio en la provincia de Mendoza, tras dictar una medida cautelar que suspendió la aplicación de las normas que habían eliminado ese requisito. La decisión judicial implica un freno al proceso de desregulación del sector vitivinícola impulsado por el Gobierno nacional, en un contexto clave marcado por el inicio de la cosecha.
Desde el sector productivo advirtieron que la indefinición normativa generaba una situación crítica ante el inminente comienzo de la vendimia. En ese sentido, el secretario de la Asociación de Viñateros de Mendoza, Matías Manzanares, explicó que la medida cautelar no resuelve el fondo del conflicto, pero aporta previsibilidad en un momento determinante para la actividad. Según señaló, el pronunciamiento judicial garantiza que durante esta cosecha el CIU continúe siendo obligatorio, despejando la incertidumbre que enfrentaban productores y bodegas.
El fallo fue dictado por el Juzgado Federal N°2 de Mendoza, que ordenó al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) restablecer provisoriamente la exigencia del CIU, al considerar los riesgos que su eliminación generaba sobre la trazabilidad, el control del mercado y la transparencia comercial. La resolución respondió a una acción judicial presentada por la Asociación de Viñateros de Mendoza, la Unión Vitivinícola Argentina, la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas y la Cámara de Productores Agrícolas.
Manzanares remarcó que la decisión judicial reconoce un reclamo sostenido por prácticamente toda la vitivinicultura argentina, luego de múltiples gestiones realizadas ante el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger. El dirigente recordó que el pedido fue planteado en reiteradas oportunidades, tanto en ámbitos institucionales como a través de los ministros de Producción de Mendoza y San Juan, además de una nota firmada por entidades que representan a cerca del 99% del sector en diez provincias vitivinícolas.
El fallo judicial se conoció luego de las críticas públicas de Sturzenegger, quien había cuestionado a los viñateros por recurrir a la Justicia y sostuvo que el CIU funcionaba como una barrera que restringía la competencia. Desde el oficialismo nacional, la eliminación del certificado había sido presentada como parte de un esquema de liberalización económica. Sin embargo, el tribunal consideró atendibles los argumentos del sector productivo y resolvió suspender provisoriamente la desregulación.
En concreto, la resolución hizo lugar a la medida cautelar por un plazo de cinco meses o hasta que se dicte sentencia definitiva. Ordenó al INV suspender la aplicación del artículo 40 del Digesto Vitivinícola, aprobado por la Resolución INV 37/2025, que había reemplazado la Declaración Jurada de Ingreso de Uva. Además, dejó sin efecto la derogación de la Resolución INV N° 3/2025, que regula la obligatoriedad del CIU, y revirtió parcialmente la derogación de la Resolución INV 35/2020, en lo referido a la presentación digital del certificado y del formulario CEC 05.
El fallo también exigió a las entidades demandantes la prestación de caución juratoria para cubrir eventuales daños derivados de la medida cautelar y admitió formalmente la acción de amparo, que tramitará bajo las reglas de la Ley 16.986. En ese marco, el juzgado solicitó al Instituto Nacional de Vitivinicultura la elaboración de un informe circunstanciado en un plazo de cinco días, mientras el conflicto de fondo continúa bajo análisis judicial.
Desde el Gobierno de Mendoza, el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, celebró la decisión y sostuvo que la Justicia dio lugar a uno de los reclamos más relevantes del sector vitivinícola, al tiempo que cuestionó la falta de respuesta previa del área de Desregulación. Para los productores, la cautelar representa una señal clave de respaldo institucional y una garantía mínima de orden y control para el desarrollo de la próxima cosecha.
