FALLO
La Justicia Federal de San Rafael impuso una multa diaria de $15.000 a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) por no cumplir con una orden judicial que exigía restituir una pensión no contributiva suspendida a una persona con discapacidad.
El fallo se dictó luego de que las autoridades nacionales desoyeran una resolución previa, emitida en agosto, que disponía el restablecimiento inmediato del beneficio. Ante el incumplimiento, los jueces Damián Bernales y Marcelo Garnica aplicaron una sanción conminatoria pecuniaria hasta que se concrete la devolución del haber retenido.
El caso se originó por la interrupción del pago de la pensión a un vecino de San Rafael con 80% de incapacidad laboral, sin que mediara el procedimiento administrativo correspondiente ni una auditoría médica previa. La suspensión fue considerada arbitraria y violatoria del derecho a la defensa.
Pese a que en otras provincias las pensiones fueron restituidas, en Mendoza la situación continúa sin resolución, lo que derivó en nuevas demandas judiciales. En los últimos meses se presentaron varias causas contra la ANDIS por la suspensión intempestiva de pensiones por invalidez, muchas de ellas patrocinadas por la Defensoría Pública.
Entre los nuevos expedientes se encuentra el de un hombre diagnosticado con VIH, cuya pensión fue retenida sin notificación previa. El afectado contaba con ese ingreso como su único sustento y actualmente espera una resolución judicial que ordene la rehabilitación del beneficio.
Otro caso relevante es el de una mujer con cardiopatía congénita, quien perdió tanto la pensión como la cobertura médica de Incluir Salud tras la supuesta falta a una auditoría de la que nunca fue debidamente informada. La suspensión dejó a la beneficiaria sin acceso a medicamentos ni atención sanitaria.
Las organizaciones que asisten a personas con discapacidad advierten que el corte de pensiones sin proceso previo afecta derechos esenciales y genera graves consecuencias económicas y sociales. Mientras tanto, los juzgados federales mendocinos acumulan presentaciones similares en reclamo por la restitución de los pagos.
En otras provincias, como Formosa, la ANDIS ya cumplió con los fallos judiciales y reanudó las prestaciones. En Mendoza, sin embargo, las sanciones contra el organismo nacional marcan un precedente clave y reavivan el debate sobre la gestión de las pensiones no contributivas y la responsabilidad estatal frente a los sectores más vulnerables.
