FUERZA CUESTIONADA
En medio de una seguidilla de situaciones graves que involucraron a efectivos policiales —entre ellas suicidios, episodios de violencia y pedidos de baja voluntaria por estrés—, la salud mental en las fuerzas de seguridad vuelve a estar en el centro de la escena. Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad y Justicia aseguran que estas situaciones no responden a una problemática extendida dentro de la institución.
Actualmente, solo el 3% del personal policial de Mendoza cuenta con licencia psicológica, es decir, 280 agentes sobre un total de 9.500. Las autoridades destacan que esta cifra ha disminuido más de un 50% desde enero, y sostienen que los casos que requieren tratamiento son atendidos a través del sistema sanitario y auditados por Sanidad Policial.
Casos que exponen el trasfondo
El pedido de baja de un agente en su primer año de formación tras declarar sentirse sobrepasado por el estrés, el suicidio de una joven auxiliar en San Martín y un hecho violento protagonizado por un efectivo en Tunuyán, son solo algunos de los eventos que motivaron cuestionamientos sobre las herramientas institucionales para acompañar a los policías frente a cuadros de sufrimiento psíquico.
En cada uno de estos casos, las autoridades aclararon que los protagonistas se encontraban aún en etapa de evaluación, ya que los primeros doce meses de carrera funcionan como período de prueba antes de la confirmación del cargo.
A estos hechos se suma otro suicidio ocurrido a fines del año pasado, también con el uso de un arma reglamentaria. En todos los casos se trató de situaciones individuales, y según los informes oficiales, los motivos no estuvieron necesariamente vinculados con el entorno laboral.
Protocolos, licencias y atención profesional
El sistema de salud mental en la fuerza contempla filtros psicológicos al ingreso al Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP), renovaciones periódicas del apto para ascensos y evaluaciones durante la carrera. Según datos del instituto, solo el 17% de los aspirantes logra superar todos los filtros de ingreso, lo que se traduce en un control riguroso sobre la aptitud psicológica desde el inicio.
En paralelo, los casos que requieren acompañamiento psicosocial o emocional cuentan con la intervención del área de Asistencia al Policía, que actúa en contextos de crisis sociofamiliares o posibles riesgos de autolesión.
Sanidad Policial, por su parte, es el organismo encargado de auditar las licencias médicas. Puede rechazar altas cuando se considera que el agente no está en condiciones de retomar su labor, y recomendar la continuidad del tratamiento.
Falta de datos y tabúes persistentes
Desde el Ministerio explican que no cuentan con estadísticas específicas sobre los cuadros psicológicos más frecuentes en la fuerza, y que no siempre se puede atribuir una situación de salud mental directamente a la labor policial. De hecho, según su análisis, muchas de las problemáticas detectadas tienen origen en cuestiones personales, no laborales.
También advierten que existe una fuerte carga cultural que muchas veces impide que los agentes pidan ayuda a tiempo. La búsqueda de asistencia psicológica aún está atravesada por estigmas, algo que no se limita solo a las fuerzas de seguridad, sino que es una realidad social más amplia.
