POLÉMICO CUARTO INTERMEDIO
Este lunes se realizó una audiencia de apelación en la que la Suprema Corte de Justicia decidió que el próximo 7 de octubre se resolverá el conflicto pendiente por la quita de celulares de las cárceles.
La medida la tomaron los jueces Teresa Day, José Valerio y el presidente del máximo tribunal, Dalmiro Garay, después de escuchar los planteos del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de la Defensa a la resolución del juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento, del 10 de enero. Se trata del magistrado cuestionado por el caso Pelayes, en el que un homicida en libertad condicional asesinó a un policía retirado.
Por su parte, Sarmiento resolvió ponerle fin a la tenencia de teléfonos celulares para los internos que gozaban del beneficio desde el año 2020 por la emergencia sanitaria dispuesta por la pandemia. Lo hizo con un mecanismo gradual de seis meses, que incluía la instalación de teléfonos públicos en los pabellones, entre varios requerimientos.
Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal se opuso a los condicionamientos y pidió que la quita de celulares se lleve adelante en un plazo no superior a un mes, desde la vigencia de la resolución. Mientras que los defensores solicitaron que se extienda la autorización de los celulares hasta diciembre de 2025, basándose en el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei que prorrogó la emergencia sanitaria.
Los argumentos de la defensa
Entre los puntos que destacaron como “positivos” ante los jueces, mencionaron que por el uso del celular se redujo la “agresividad” en los complejos penitenciarios por la comunicación directa con familiares. También se mejoró el acceso a la educación, sobre todo universitaria y fortaleció su derecho a defensa ante cualquier eventualidad por el contacto directo con los abogados.
También propusieron la instalación de una red de Wi Fi particular para controlar las comunicaciones de los internos, donde aseguran se podrían bloquear las llamadas sospechosas y evitar las estafas. “No se podrían incorporar chips truchos, salvo los que realmente existen, a través de una inteligencia artificial colocada”, dijo una de las defensoras.
De esta forma, el Tribunal determinó solicitar un informe al Servicio Penitenciario sobre los planteos de las partes y pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo 7 de octubre para resolver la solicitud.
