Verónica Acosta fue imputada por el delito de defraudación al Estado luego de haber gastado en menos de 48 horas una transferencia errónea de $510 millones enviada por el Gobierno de San Luis a su cuenta bancaria. Según la Fiscalía, se realizaron 66 transferencias desde su cuenta personal y, hasta el momento, hay al menos seis personas acusadas, quienes deberán pagar una fianza de $30 millones cada una para evitar quedar detenidas.
La mujer explicó que creyó haber recibido $500 mil y no 510 millones: “Estaba esperando $8.000 del padre de mi nene. Me encontré con esta plata, con tanta necesidad, y fui a hacer compras y ayudar a mi familia”, declaró.
Entre los bienes adquiridos con el dinero, Acosta enumeró una heladera, dos televisores (uno de ellos destinado a su cuñada), una freidora eléctrica, un microondas, cerámicos para el piso de su casa y un automóvil Ford Ka modelo 2014-2015. Algunos de esos objetos ya fueron devueltos voluntariamente, mientras que el resto está siendo rastreado por la Justicia a través de billeteras virtuales.
En el domicilio de Acosta también se secuestraron celulares pertenecientes a sus hijos y otros elementos electrónicos. “Nunca fui notificada de que tenía que devolver algo antes del allanamiento”, aseguró.
La transferencia fue realizada por error desde el Estado provincial, y fue el contador responsable quien efectuó la denuncia, aunque hasta el momento no está imputado.
La causa sigue abierta mientras se investigan tanto el origen de los fondos como la responsabilidad penal de los implicados, en un caso que deja expuestas fallas graves en los mecanismos de control administrativo del Gobierno.

