Decisión judicial
El histórico predio de La Salada, ubicado en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, volverá a funcionar tras la decisión del juez federal Luis Armella, quien dejó sin efecto la clausura provisoria que pesaba sobre los tres mercados principales que integran el complejo: Urkupiña S.A., Punta Mogote S.C.A. y la Cooperativa Ocean.
La medida fue adoptada con el objetivo de permitir el desarrollo de actividades comerciales y laborales lícitas, sin afectar a la amplia comunidad de trabajadores y pequeños comerciantes que dependen de este espacio para subsistir. Sin embargo, el levantamiento de la clausura está sujeto a estrictas condiciones que aseguren la regularización de la actividad y la prevención de maniobras ilícitas.
Intervención judicial y designación de administradores
El magistrado dispuso la designación de un interventor judicial para cada una de las empresas, con el fin de reemplazar a las actuales administraciones y garantizar el cumplimiento de los compromisos comerciales previos realizados de forma legal. Los interventores, profesionales en Ciencias Económicas, tendrán un mandato de 90 días prorrogables, durante los cuales deberán:
Elaborar un inventario detallado de los activos.
Llevar registros contables precisos.
Informar mensualmente sobre ingresos, egresos y resultados económicos.
Regularizar la situación fiscal, laboral y habitacional de todo el predio.
Registrar a todo el personal en relación de dependencia, evitando la contratación informal.
Aprobar y autorizar la locación de nuevos puestos, exigiendo que los feriantes estén inscriptos como monotributistas.
Asimismo, deberán garantizar la aplicación de buenas prácticas comerciales y de gestión, y rendir cuentas periódicamente sobre el estado de situación de cada firma.
Condiciones para la reapertura
La reactivación de las actividades está supeditada a que se respeten determinadas pautas administrativas y legales. Toda persona que desee alquilar un puesto en cualquiera de los predios deberá firmar un contrato formal con el administrador designado y acreditar su condición de contribuyente registrado.
La fiscalía federal será la encargada de determinar la viabilidad técnica y operativa para concretar la reapertura de los predios, evaluando las condiciones de seguridad y cumplimiento normativo.
