POLÉMICO FALLO
A mediados de 2009, las autoridades descubrieron en Guaymallén consultorios donde se realizaban abortos clandestinos y partos en los que luego vendían bebés recién nacidos. Los principales sospechosos fueron condenados, pero quedaron en libertad.
La investigación comenzó tras un llamado anónimo que informó sobre un grupo que atendía mujeres embarazadas que querían abortar o vender a los recién nacidos a otras familias, en la zona de San José.
Gracias a las escuchas telefónicas, se descubrió que allí trabajaban dos ginecólogos, Silvia Irene Lorenzo, de 69 años, y Ernesto Aveiro Porcel, quien falleció en enero del año pasado. Ambos atendían en dos consultorios ubicados en calle Álvarez Condarco y otro en calle Sarmiento, donde habían formado una especie de quirófano.
El modus operandi era entregar al bebé al hijo de Silvia Lorenzo, Diego Horacio Funes, de 45 años, quien residía en la planta alta del consultorio. Estaba encargado de cuidar a los pequeños hasta que conseguían una familia compradora. También una vecina de calle Álvarez Condarco cumplía la misma función por una suma de 500 pesos, además de la entrega de pañales y leche.
Lorenzo y una de sus secretarias, Hilda Griselda Morán, de 65 años, eran las encargadas de buscar a las parejas que iban a comprar a los niños por 20 mil pesos, aproximadamente. La pesquisa reconstruyó que el precio variaba según el color de piel y hasta de los ojos de los niños. Luego, realizaban un acta de nacimiento apócrifa.
En una serie de allanamientos realizados a fines de febrero de 2009 se encontraron a dos bebés, de un mes y 10 días de vida, que estaban en los domicilios de Diego Funes y de Roxana Ascanio.
Todos los sospechosos fueron detenidos e imputados por asociación ilícita y facilitación, promoción o intermediación en la alteración de la identidad de un menor de 10 años. Luego, recuperaron su libertad. Tras llegar a un trato con el fiscal, en un juicio abreviado, admitieron su culpabilidad.
Finalmente se quitó de la calificación legal el delito de asociación ilícita y fueron condenados a la pena mínima del otro delito: tres años de prisión. Como ninguno de los sospechosos tenía antecedentes penales, la condena fue en suspenso y permitió que mantuvieran la libertad. En el caso de Lorenzo, se agregó el doble de tiempo de inhabilitación para ejercer la medicina.
