JUSTICIA
El 26 de junio de 2010, guardaparques de la Reserva Natural Villavicencio interceptaron una camioneta Ford Ranger blanca en la que viajaban siete personas, entre ellas los policías Alejandro Olegario Olivera Altamirano y José Luis Vera, entonces en funciones en la Policía de Mendoza.
En el vehículo se encontraron dos guanacos muertos, uno macho y una hembra preñada, junto a fusiles de grueso calibre —incluido un FAL perteneciente al Ministerio de Seguridad— y armas reglamentarias. Los animales, declarados monumento natural provincial, habían sido cazados dentro de un área protegida donde toda actividad cinegética está prohibida y penada.
El protocolo de necropsia confirmó que se trataba de dos ejemplares adultos de Lama guanicoe: el macho con múltiples traumatismos por disparos, y la hembra con un feto de 30 cm hallado sin vida en su interior.
La investigación judicial encuadró la causa en el delito de peculado, al haberse utilizado un vehículo y armas oficiales para beneficio personal. Además, se sumaron violaciones a la Ley de Fauna, la Ley de Monumento Natural, la Ley 2.786 de Maltrato Animal y la Ley 22.421 de Conservación de Fauna.
En un primer momento fueron imputadas seis personas —el séptimo pasajero era menor de edad—, pero con el paso de los años varios fueron sobreseídos por prescripción o suspensión de juicio a prueba. Hasta este año, solo Vera y Olivera mantenían acusación formal.
El cierre del proceso
Tras 15 años de trámite y sin haber llegado a juicio oral, la jueza Mariana Gardey resolvió el 2 de septiembre de 2025 sobreseer a los dos policías retirados, argumentando que había transcurrido un “plazo razonable” para resolver el caso.
La fiscal Mariana Pedot había solicitado la elevación a juicio, pero la defensa planteó que el extenso tiempo generó perjuicios irreparables a los acusados. Finalmente, Gardey aceptó esa postura, aunque dejó constancia de que los hechos estaban acreditados y que no existía prescripción de los delitos.
El abogado querellante Juan Franco Ferraris cuestionó la decisión al remarcar que “la causa venía con muchos idas y vueltas, y nunca había ido a juicio”. Por su parte, el especialista en derecho animal Oscar Alfredo Mellado calificó el fallo como “vergonzoso”, subrayando que “todos los delitos estaban probados”.
Un escándalo que quedó impune
El caso había generado conmoción nacional en 2010 por la gravedad de los ilícitos cometidos en plena reserva natural. Los acusados, además, se presentaron como policías en funciones en el momento del hecho y continuaron activos en la fuerza hasta su retiro.
“De haber existido por entonces la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente, contra los Animales y Delitos No Especializados, esto no hubiese quedado impune”, señaló una fuente vinculada a la investigación.
De esta manera, el proceso que se extendió por más de una década culminó sin condena.
