RESONANTE CASO
Este miércoles, la Justicia Federal de Mendoza ordenó la detención de tres expolicías en el marco de la causa por la desaparición forzada de Christian Guardati, que ocurrió en 1992 en el barrio La Estanzuela, de Godoy Cruz. Así, la Justicia imputó a Ramón Ignacio Ahumada y a Adolfo Siniscalchi, como autores, y a Néstor Ramón Falcón, como coautor.
De esta forma, luego de 32 años, la investigación avanzó cuando la Fiscalía de Derechos Humanos solicitó la revisión de decisiones judiciales que habían sobreseído a otros policías mencionados en el caso. Aunque un juez rechazó la petición, se espera que sea apelada, lo que podría abrir nuevas vías para el esclarecimiento de los hechos.
En tanto, los expolicías detenidos enfrentan acusaciones que los vinculan con la desaparición de Guardati, un joven de 22 años a quien no se lo volvió a ver, tras salir de un baile en las cercanías de la escuela Atilio Anastasi. La denuncia inicial, radicada por Hilda Lavizzari, madre de Christian, señaló la intervención de efectivos policiales.
Con estas detenciones, el caso Guardati regresa a la agenda judicial de Mendoza.
A 32 años de la desaparición
En la madrugada del 24 de mayo de 1992, Christian fue visto por última vez. Desde entonces, su madre se convirtió en un símbolo de perseverancia en la lucha por la justicia en Mendoza. Su denuncia y las pruebas aportadas llevaron al caso hasta instancias internacionales, logrando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo utilizara como base para condenar al Estado argentino por desapariciones forzadas.
Recién en 2021, tras ser declarado imprescriptible, pasó a la Justicia Federal, lo que marcó un punto de inflexión en la investigación.
Guardati desapareció en un período marcado por otras desapariciones similares, como las de los albañiles Adolfo Garrido y Raúl Baigorria, quienes fueron vistos por última vez en el Parque General San Martín y cuyo paradero también sigue siendo un misterio. En todos estos casos, la participación policial y la falta de esclarecimiento han derivado en condenas internacionales contra el Estado argentino.
En el caso de Guardati, una comisión ad hoc conformada por abogados concluyó en su momento que fue detenido por policías en el destacamento de La Estanzuela.
