JUICIO POLÉMICO
La defensa de Julieta Makintach denunció a los miembros del Ministerio Público del Departamento Judicial de San Isidro por la presunta manipulación de pruebas a raíz del documental “Justicia Divina”, basado en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.
En un escrito remitido por el abogado Darío Saldaño a la agencia Noticias Argentinas, se solicitó la investigación de “quienes resulten responsables como autores, partícipes o instigadores” por los presuntos delitos de falsedad ideológica de instrumento público, abuso de autoridad, ocultamiento y eventual inutilización de medios de prueba en la causa penal contra la magistrada.
El planteo fue presentado ante el procurador general de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte Grand, y se centra en la actuación de Marina Rodríguez, secretaria de la Defensoría de Juicio de San Isidro, a quien se le atribuye haber confeccionado un documento con apariencia de acta judicial sobre el tráiler del proyecto audiovisual.
Según el descargo, el texto “no cumple con las formalidades esenciales” de un acta procesal: no consigna datos técnicos del supuesto celular, carece de identificación de funcionarios, de lugar preciso, de firmas completas y de testigos. Además, el material audiovisual habría sido incorporado en violación al artículo 265 bis del Código Penal bonaerense, que regula la cadena de custodia.
La denuncia también resalta que Rodríguez nunca fue citada a declarar, lo que privó a las partes de ejercer control de legalidad. En contraste, sí prestó testimonio la médica esteticista Pereyra, quien negó conocer a Rodríguez y aseguró no haber enviado el material. Para la defensa, la extracción del video fue ilegal.
“Plantaron un video y manipularon pruebas”, enfatizó Saldaño, quien sostiene que la causa contra Makintach fue “armada” y que se ocultó información deliberadamente. El abogado ofreció como testigos a la ex titular del TOC Nº2 de San Isidro y a varios letrados que podrían aportar elementos para esclarecer los hechos, incluyendo conversaciones de WhatsApp entre la jueza y Pereyra.
La defensa insiste en que las irregularidades “hacen presumir una actividad delictiva en perjuicio de quien está siendo investigada” y exigen que se profundice la pesquisa sobre el manejo de pruebas en el caso.
