ORGULLO
Hace 15 años, Argentina dio un paso decisivo hacia la igualdad al convertirse en el primer país de América Latina y el décimo en el mundo en legalizar el matrimonio igualitario. Fue el resultado de un proceso que combinó la militancia de organizaciones LGBTIQ+, debates legislativos intensos y una creciente movilización social que empujó una reforma histórica.
La aprobación se dio tras una extensa sesión en el Senado, luego de haber superado una primera instancia en la Cámara de Diputados. A partir de entonces, el Código Civil dejó de limitar el matrimonio a la unión entre un hombre y una mujer y comenzó a reconocer como legítima cualquier unión entre personas mayores de edad, sin distinción de género.
El nuevo marco legal permitió a miles de parejas acceder a derechos antes reservados exclusivamente a los matrimonios heterosexuales: adopción conjunta, herencia, acceso a coberturas médicas, licencias familiares, régimen patrimonial compartido y posibilidad de tomar decisiones médicas por el otro, entre otros.
Desde su implementación en 2010, se celebraron más de 20.000 matrimonios igualitarios en todo el país. Solo en Buenos Aires se registraron más de 7.000 enlaces, mientras que en la provincia homónima se contabilizaron más de 2.000 bodas en el último año.
Una ley que nació desde las bases
El proyecto de ley fue impulsado por diputadas que articularon con el activismo LGBTIQ+, logrando instalar el tema en la agenda parlamentaria pese a las resistencias iniciales dentro del Congreso y del propio gobierno. Durante años, las organizaciones trabajaron en la presentación del proyecto, acompañadas por manifestaciones públicas y el acompañamiento de una sociedad civil cada vez más comprometida con la ampliación de derechos.
Un fallo judicial que autorizó un matrimonio entre personas del mismo sexo en la Ciudad de Buenos Aires, y la posterior reacción del entonces jefe de Gobierno porteño, terminó por colocar el tema en el centro del debate público. El respaldo político llegó más tarde, cuando distintos sectores del oficialismo asumieron como propia la defensa del proyecto.
El contexto social fue clave. A lo largo de 2010, miles de personas se movilizaron para reclamar la sanción de la ley, enfrentando la oposición de sectores conservadores, religiosos y algunos actores políticos. La presión desde las calles y los medios logró generar un consenso amplio que derivó en la aprobación de una ley que cambió el rumbo de la historia.
Un punto de partida para otros derechos
La Ley de Matrimonio Igualitario no solo fue un avance en sí misma, sino también el inicio de una serie de transformaciones. Sirvió de base para el reconocimiento de otros derechos como la Ley de Identidad de Género, el Cupo Laboral Travesti-Trans, el DNI no binario, la Ley de Reproducción Asistida, la Ley de ESI y la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Más allá del acceso individual al derecho a casarse, la sanción de esta norma representó un paso decisivo en la construcción de una sociedad más igualitaria. Consolidó el principio de no discriminación como eje rector de las políticas públicas y fortaleció el rol del Estado como garante de derechos, sin distinción de género u orientación sexual.
La promulgación definitiva llegó el 21 de julio de 2010 y selló un hito que, 15 años después, sigue siendo un emblema de justicia social, ampliación de derechos y ciudadanía plena para todas las personas.
