DETALLES
La Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada de este jueves el proyecto de ley de Principio de Inocencia Fiscal, una iniciativa que apunta a incorporar a la economía formal bienes y ahorros no declarados, conocidos popularmente como los “dólares del colchón”.
El proyecto, que ahora pasó al Senado, tiene como objetivo inyectar divisas en la economía, reducir la presión fiscal sobre pequeños y medianos contribuyentes y establecer un Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. Este esquema contempla un tope patrimonial de hasta $10.000 millones para poder adherir y garantiza que los contribuyentes no deberán informar variaciones patrimoniales ni estarán sujetos a controles sobre sus consumos.
Con media sanción, la norma se apoya en cinco ejes centrales:
1. Aumento del umbral de evasión penal
La ley eleva de manera significativa los montos a partir de los cuales se puede iniciar una investigación penal por evasión fiscal.
Evasión simple: pasa de $1,5 millones a $100 millones.
Evasión agravada: el mínimo se incrementa de $15 millones a $1.000 millones.
2. Plazos de prescripción más cortos
El proyecto reduce de cinco a tres años el plazo en el que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) podrá reclamar impuestos no declarados o impulsar denuncias.
3. Régimen Simplificado para ahorros no declarados
Se crea un Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias destinado a personas con ingresos inferiores a $1.000 millones y patrimonio menor a $10.000 millones. Este esquema elimina la obligación de informar consumos personales, facilitando el uso de dinero no declarado dentro del sistema formal.
4. Menor persecución penal
ARCA no realizará denuncias penales si la persona o empresa regulariza su situación antes de la denuncia o cancela la totalidad de la deuda, intereses incluidos, más un recargo adicional del 50% dentro de los 30 días posteriores al inicio de la investigación.
5. Multas más altas por incumplimientos formales
Como contrapartida a los menores controles, el proyecto contempla un fuerte aumento de las multas. La sanción por no presentar la Declaración Jurada pasa de $200 a $220.000 para personas físicas y a $440.000 para sociedades.
La iniciativa genera expectativas y polémica en partes iguales: mientras el Gobierno sostiene que permitirá movilizar ahorros y fortalecer la actividad económica, sectores críticos advierten que podría beneficiar a evasores y debilitar los mecanismos de control fiscal. Ahora, el debate continuará en el Senado, donde se definirá su sanción definitiva.
