MEDIDAS
Mendoza comenzó a trabajar en la implementación de la ley que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y que empezará a regir desde septiembre. Con este nuevo esquema, adolescentes de entre 14 y 15 años podrán ser investigados e imputados por delitos, algo que hasta ahora no contemplaba el régimen vigente.
La provincia mantiene una ventaja respecto de gran parte del país debido a que ya posee un sistema penal juvenil consolidado, con juzgados especializados y organismos específicos para menores en conflicto con la ley penal.
Durante una primera reunión realizada entre representantes del Ejecutivo y del Poder Judicial, las autoridades comenzaron a coordinar la adaptación del sistema provincial a las nuevas exigencias legales. Desde el Gobierno destacaron que Mendoza ya cuenta con gran parte de la estructura necesaria y que el desafío principal será adecuar procedimientos y modalidades de trabajo.
Además de la reducción de la edad de imputabilidad, la reforma incorpora nuevos delitos al alcance del fuero penal juvenil. Hasta ahora, muchos hechos considerados leves no podían avanzar judicialmente cuando eran cometidos por menores de 16 años. Con la nueva normativa, causas por amenazas, lesiones, daños simples y hurtos simples podrán ser investigadas dentro del sistema penal juvenil.
Este cambio implicará un incremento significativo de expedientes y una mayor intervención del Estado sobre adolescentes involucrados en hechos delictivos.
Los cambios que deberá afrontar Mendoza
La ley establece un plazo de 180 días para que las provincias adapten sus estructuras antes de la aplicación definitiva del nuevo régimen. Durante ese período deberán fortalecerse equipos interdisciplinarios, adecuarse espacios físicos y reforzarse programas de seguimiento y medidas alternativas al encierro.
En el caso de Mendoza, gran parte de ese trabajo ya se encuentra avanzado gracias al funcionamiento previo de organismos especializados dentro de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil. Esto permitirá absorber el aumento de casos sin necesidad inmediata de grandes inversiones.
Las autoridades judiciales consideran que las instalaciones actuales poseen capacidad operativa suficiente para enfrentar la nueva demanda prevista desde septiembre.
Medidas alternativas y foco en la reinserción
Uno de los ejes centrales de la reforma será la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad. El nuevo régimen contempla herramientas como acompañamiento psicológico, seguimiento educativo, controles, restricciones y tratamientos interdisciplinarios para adolescentes.
En ese contexto, la Unidad de Medidas Alternativas a la Privación de Libertad tendrá un rol clave en el seguimiento de jóvenes sometidos a supervisión judicial sin necesidad de alojamiento en centros cerrados.
Dentro del sistema judicial mendocino aseguran que la intención es evitar que la baja de imputabilidad derive automáticamente en un modelo exclusivamente punitivo. El principal desafío será sostener el equilibrio entre la respuesta penal y la protección integral de derechos de niños y adolescentes.
*Con información de MDZ Online
