MEDIDAS
El gobierno mendocino avanza en la erradicación de los celulares en los establecimientos penitenciarios de la provincia. La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, está decidida a eliminar estos dispositivos, a pesar de los desafíos legales y operativos que plantea el proceso, buscando equilibrar la seguridad y los derechos de los internos.
El uso de celulares en las cárceles ha sido un problema complicado para las autoridades. Durante la pandemia, el gobierno nacional permitió a los presos mantener sus celulares para poder comunicarse con sus familias debido a la suspensión de visitas. Sin embargo, esta medida propició un incremento significativo en la cantidad de dispositivos, y con ello, la posibilidad de que se utilicen para cometer delitos desde el interior de las penitenciarías.
A pesar de que en Mendoza existe una ley que prohíbe los celulares en las cárceles, la ministra Rus se encontró con un fallo judicial que permitió la permanencia de algunos dispositivos. A raíz de ello, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza dictó un fallo definitivo que prohíbe el uso de teléfonos móviles dentro de las cárceles, aunque algunos sectores aún plantean cuestionamientos legales sobre los derechos de los internos.
Uno de los puntos más sensibles en este debate es el acceso de los presos a la educación ya la comunicación con sus familiares y abogados. Un grupo de internos que estudiaron presentó un habeas corpus reclamando la necesidad de conservar sus celulares, argumentando que no cuentan con los recursos tecnológicos necesarios para continuar con sus estudios. Este reclamo fue avalado por el juez Sebastián Sarmiento, quien instó a las autoridades penitenciarias a mejorar el acceso a computadoras y conexión a Internet en las unidades carcelarias.
Para asegurar la comunicación de los internos con sus familias y abogados, la ministra está en negociaciones con Telefónica para implementar un sistema de teléfonos inalámbricos llamados Telular . Estos dispositivos serán más difíciles de manipular y rastrear, y se utilizarán en casos de emergencia. Además, se continuará ampliando las aulas y el equipamiento para la educación dentro de las cárceles, asegurando que los internos tengan acceso a formación académica.
La estrategia implementada busca equilibrar la seguridad, el derecho a la comunicación y la educación de los internos, pero también enfrentar los desafíos que presenta un sistema penitenciario que no cuenta con los recursos tecnológicos necesarios para atender todas las necesidades de los internos.
