IMPACTO PRESUPUESTARIO
El Presupuesto 2026 de la Provincia de Mendoza destinará 1.134.619.520 de pesos para afrontar el pago de ocho juicios perdidos por el Estado provincial. Se trata de causas judiciales con sentencia firme, cuyas obligaciones abarcan tanto capital e intereses como honorarios de abogados y peritos.
La cifra global se reparte entre $682 millones en concepto de capital e intereses y $452 millones por honorarios profesionales. Los expedientes reflejan distintos tipos de conflictos judiciales que involucraron a la administración pública, desde reclamos patrimoniales hasta demandas por daños y perjuicios en hospitales dependientes del sistema de salud estatal.
Entre las causas más onerosas se encuentra el caso “Tierras del Sur SRL c/ Banco Mendoza SA”, por el cual la Provincia deberá pagar $430,7 millones. El litigio se originó en un reclamo de usucapión sobre un inmueble de más de dos hectáreas en General Alvear, adquirido originalmente por Eduardo Gattás SA al extinto Banco de Mendoza. La Justicia reconoció la posesión continua de la empresa y ordenó inscribir el dominio a su favor. Solo en honorarios legales, el fallo dispuso el pago de $335 millones.
Otra de las sentencias más relevantes es la de Mauro Studer, ex empleado público separado de su cargo en 2016. El fallo ordenó su reincorporación y el pago de remuneraciones caídas e intereses legales, lo que eleva el monto a $125,3 millones, con $22 millones destinados a honorarios.
En el ámbito sanitario, los hospitales públicos también figuran entre los principales responsables de los pagos judiciales. Tres de las demandas con fallo adverso para el Estado corresponden a los hospitales Luis Lagomaggiore, Ramón Carrillo y Central, en todos los casos vinculadas a hechos de mala praxis o fallas médicas.
El caso González y Funes c/ Hospital Lagomaggiore, por la muerte de un recién nacido tras un parto con complicaciones, derivó en una condena de $105,7 millones. En tanto, Battistini y Godoy c/ Hospital Ramón Carrillo implicó una indemnización de $104,3 millones, y Víctor Villegas c/ Hospital Central, por una perforación intestinal no diagnosticada a tiempo, demandará $92,4 millones adicionales.
También el Hospital Teodoro Schestakow, de San Rafael, fue condenado en dos juicios: uno presentado por Paola Rueda, empleada que reclamó diferencias salariales y obtuvo una sentencia favorable por $112,8 millones; y otro impulsado por Francisco Gerardi, quien demandó por una situación similar, con una liquidación total de $104,3 millones.
El último de los casos corresponde a la Dirección General de Escuelas (DGE), que deberá abonar $58,9 millones a Victoria Arlotta y otros docentes por bonificaciones salariales retroactivas en concepto de zona inhóspita, más honorarios profesionales de $10,4 millones.
