LICITACIÓN
El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, abrió una licitación pública para la contratación de una solución integral de respaldo de información (Backup) destinada al Datacenter de la Dirección de Informática.
La iniciativa, publicada este martes en el Boletín Oficial, busca reforzar la protección de los datos críticos del Estado provincial, garantizando su seguridad, disponibilidad y continuidad operativa ante posibles contingencias tecnológicas.
Una inversión estratégica
El proyecto contempla una inversión total de U$S 2.082.000, equivalentes a $2.856.504.000 al tipo de cambio oficial del 1 de septiembre de 2025 ($1.372 por dólar).
El sistema será de tipo “llave en mano”, lo que incluye software, equipamiento de almacenamiento, implementación y soporte técnico. Además, el proveedor adjudicado deberá garantizar el funcionamiento integral del sistema durante un período inicial de 36 meses, incluyendo licencias, mantenimiento y asistencia.
Distribución de la inversión
La ejecución presupuestaria se dividirá en tres etapas:
2025: se concentrará la mayor parte de la inversión, correspondiente a la adquisición del equipamiento principal, la suscripción del software y el servicio de soporte inicial.
2026 y 2027: se destinarán partidas específicas para renovar licencias y asegurar la continuidad del sistema de respaldo integral, garantizando la protección constante de la información estatal.
Seguridad y modernización tecnológica
El proyecto cuenta con la evaluación favorable del Comité de Información Pública (Com.I.P.), que verificó la adecuación de los pliegos técnicos a las normas vigentes y a los Estándares Tecnológicos para la Administración Pública Nacional (ETAP).
La contratación se enmarca en la Ley N° 8706, que autoriza comprometer presupuestos de ejercicios futuros para inversiones estratégicas de largo plazo, especialmente en infraestructura digital y tecnológica.
Con esta medida, el Ejecutivo provincial busca modernizar la gestión pública, proteger los sistemas informáticos oficiales y garantizar la continuidad de los servicios esenciales del Estado, fortaleciendo su capacidad frente a riesgos o fallas tecnológicas.
