LEY MICAELA
Este 9 de agosto, Micaela García —“La Negra” para su familia y amigos— hubiera cumplido 30 años. Nacida en Concepción del Uruguay, militante social y feminista, fue asesinada en 2017 por Sebastián Wagner, femicida condenado a prisión perpetua. Su caso impulsó la sanción de la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género para todos los funcionarios de los tres poderes del Estado.
En esta fecha, la Fundación Micaela García invitó a recordarla compartiendo su nombre, fotos o actividades en redes sociales, bajo la consigna de “celebrar su vida”. Sin embargo, el homenaje llega en un contexto difícil: sus padres y fundadores, Néstor “Yuyo” García y Andrea Lescano, denunciaron que la organización atraviesa una crisis por la falta de financiamiento y la paralización de convenios firmados con provincias como Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Chubut y Neuquén.
Andrea Lescano explicó que la participación en las capacitaciones cayó drásticamente: “Antes había 50 personas anotadas y ahora sólo 10. Igual seguimos, pero el ajuste y la desaparición de las políticas de género nos dejan sin respaldo”. A pesar de esto, la Fundación sostiene talleres productivos para cubrir gastos básicos, con aportes personales de la familia.
La Ley Micaela, aprobada tras el femicidio de 2017, fue pensada para sensibilizar y formar a quienes ocupan cargos públicos sobre violencia de género y discriminación. Hoy, sus impulsores advierten que sin apoyo estatal su aplicación real está en riesgo.
