El presidente Javier Milei confirmó que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un nuevo paquete de reformas estructurales que marcarán la próxima etapa de su gestión. El plan combina medidas en materia penal, económica y tributaria, con el objetivo de profundizar el rumbo liberal impulsado desde el inicio de su mandato.
Entre los principales ejes se destaca una política de “Tolerancia Cero” en materia de seguridad y justicia, que incluirá la baja de la edad de imputabilidad, la plena implementación del sistema acusatorio federal y la agilización de los procesos judiciales. Desde el Gobierno sostienen que el fortalecimiento del orden y la justicia será clave para garantizar las condiciones de crecimiento económico.
En el plano económico, el Ejecutivo proyecta una reforma laboral orientada a flexibilizar las relaciones de trabajo y reducir la litigiosidad. El nuevo esquema buscará modernizar los convenios colectivos, simplificar registros y eliminar las indemnizaciones múltiples derivadas de juicios laborales. La Casa Rosada considera que la medida permitirá mejorar la competitividad y fomentar la creación de empleo formal.

El paquete se completará con una reforma tributaria que prevé la eliminación de unos 20 impuestos considerados distorsivos, la revisión del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y la puesta en marcha de un blanqueo voluntario con beneficios para quienes repatrien capitales o realicen inversiones productivas.
Según adelantaron fuentes oficiales, el objetivo de esta etapa será consolidar un nuevo marco institucional y económico que estimule la inversión privada, la productividad y la responsabilidad individual. El Gobierno confía en que los resultados de las elecciones legislativas permitirán contar con un Congreso “más reformista” para avanzar con las iniciativas.
Las reformas, aseguran en el entorno presidencial, apuntan a reemplazar el modelo basado en subsidios y asistencialismo por otro centrado en el mérito, el esfuerzo y la generación de empleo genuino.
