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Miriam, la nieta mendocina restituida 127, en el centro de la polémica por el video del Gobierno

La mendocina Fernández, cuestiona el tratamiento oficial de su historia en el video del Gobierno y mantiene su vínculo con la familia que la crió, en medio de la polémica por la interpretación del pasado reciente.

miriam-fernandez

En el marco del 50° aniversario del golpe de Estado, la Casa Rosada difundió un video de 75 minutos titulado “Las víctimas que quisieron esconder”, que busca cuestionar las políticas de Derechos Humanos de las últimas décadas y relativizar el relato oficial sobre la dictadura. En el centro del material se encuentra Miriam Fernández, nieta restituida número 127 oriunda de Mendoza, cuya historia personal se utiliza para poner en duda la labor de los organismos de DD.HH. y del Estado en la restitución de identidad.

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Fernández nació en la ESMA, hija de María del Carmen “Pichona” Moyano y Carlos Poblete, militantes montoneros secuestrados en 1977. A pocos días de vida fue entregada a otra familia, formada por Armando Fernández, expolicía luego condenado por delitos de lesa humanidad, e Iris Yolanda Luffi, quienes la criaron como propia. Décadas después, mediante análisis genéticos, se confirmó su verdadera identidad. También defiende su decisión de mantener el apellido de sus padres adoptivos, reconociendo el vínculo emocional que conserva con ellos. Como ella misma expresó: “Nací así, fui criada así y moriré siendo así. Las cosas suceden por algo. Sigo siendo una mujer agradecida. Amo a mi familia y la defenderé a morir”.

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Fernández sostiene que priorizó no perjudicar a sus padres no biológicos y critica la intervención de los organismos de DD.HH. y de la Justicia, calificando el proceso de identificación como “invasivo” y diciendo haberse sentido “revictimizada”. El video resalta su decisión de mantener el apellido de sus apropiadores, presentando como “sesgada” la narrativa que busca visibilizar los crímenes del terrorismo de Estado.

La difusión del video y la centralidad de la mendocina en el relato oficial muestran un intento de instalar un discurso que relativiza la dictadura, equiparando la violencia estatal con la de organizaciones insurgentes. Sin embargo, la experiencia de Miriam Fernández puede leerse de otra manera: como un recordatorio de que la reparación histórica no se trata de privilegios personales, sino de justicia para quienes no tuvieron voz durante la dictadura.

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